El último Sánchez no demuestra un patriotismo digno de encomio, sino un oportunismo frío y cruel, tan cercano a la falta de empatía por las víctimas que debería quedar inhabilitado como dirigente político.
El presidente condiciona las ayudas económicas a los damnificados en Valencia a que continúe su Gobierno mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Eso significa que si los PGE estuvieran ya aprobados el Ejecutivo no ayudaría económicamente a las víctimas de la DANA?
Es un chantaje abyecto a todos los grupos parlamentarios, incluidos el PP y Vox, para seguir en La Moncloa. Si la oposición cede Sánchez podrá decir que todos los partidos han votado su continuidad en el poder.
En realidad, si el presidente apela a la ética y a los sentimientos para su maniobra, esos mismos grupos deberían ponerse de acuerdo para una moción de censura, y éticamente y sentimentalmente echar a Sánchez, que el nuevo Gobierno apruebe las ayudas a los valencianos y que convoque elecciones. Si la moción contra Rajoy fue por corrupción económica (en teoría), esta sería por corrupción moral.
Un país democrático no debería depender de la extorsión oportunista de quien está obligado constitucional y humanamente a velar por el bienestar de los ciudadanos. Un Gobierno existe para poner a disposición del pueblo los recursos del Estado ahí donde las personas no pueden llegar por sí solas.
Esa es su tarea, no instrumentalizar el dolor para sacar rédito. El ejemplo que está dando Sánchez aumentará la lista histórica de gobernantes que aprovecharon el desorden para aumentar o prolongar su poder.
La estrategia sanchista consiste en no asumir la responsabilidad en la gestión de las tragedias, sino en derivar a rangos administrativos inferiores la gobernanza y eludir así el coste del drama.
Sánchez solo quiere estar para prometer ayudas y dar la cara positiva, pero nada más. Lo hizo con la pandemia de la covid, cuando sacó el ardid de la "cogobernanza" para desviar el coste del desastre, de los muertos y de la quiebra moral y socioeconómica a los gobiernos autonómicos.
Mientras, Sánchez observaba desde las alturas y anunciaba gastos sociales para enmendar a los presidentes regionales. De hecho, cuando ha tenido que gestionar un infortunio por sí mismo ha sido el epítome de la negligencia. Ahí están los tres años de espera que llevan los afectados por el volcán de La Palma.
Con la desdicha de Valencia, Sánchez ha vuelto a eludir su papel para sacar rédito político. Tras atribuirse el papel de víctima en Paiporta, se presenta ahora como el distribuidor de ayudas.
La bajeza está en que las medidas económicas que acaba de prometer dependen de que se aprueben los PGE que garantizan la continuidad de su Gobierno. Los medios sanchistas lo ven como una muestra de generosidad y compromiso, incluso alguno como una genialidad propia de Maquiavelo.
Sin embargo, otros entienden que es un chantaje abyecto. No es político ni democrático que las ayudas a los ciudadanos que han sufrido la mayor tragedia de este siglo se hagan depender de que Sánchez siga en el Gobierno.
Donde debería haber liderazgo y autoridad, especialmente con lo sucedido en Valencia, solo se puede ver la táctica más sofisticada para escurrir el bulto y aprovecharse de la situación.
Ahora la responsabilidad la tiene el PP. Es cierto que debe cumplir con su papel de "leal oposición", que diría Fraga en los albores de Alianza Popular.
Pero también es una realidad que Sánchez no es el Felipe González que envió 13.000 soldados a Bilbao por la riada de 1983, sino un tipo que piensa que el Estado es suyo, no un instrumento creado por la sociedad para garantizar su cuidado cuando es necesario.
Hacen bien los populares negándose al chantaje. Es hora de ir al Congreso y presentar una proposición de ley para cumplir con los necesitados. Y que Sánchez se retrate.
