El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer desde el Palacio de la Moncloa para poner cara a las ayudas que el Consejo de Ministros aprobó para paliar los efectos de la DANA tras la declaración de «zona catastrófica». Siguiendo una estrategia que ya se utilizó durante la pandemia de la Covid-19, el jefe del Ejecutivo buscó capitalizar políticamente la respuesta a las necesidades más perentorias de los afectados por la riada, una lluvia de millones que trate de paliar el desasosiego creciente de quienes lo han perdido todo y sienten una absoluta desafección de las instituciones. Una distancia que se visualizó con toda su crudeza en el estallido social que se vivió el domingo en Paiporta y que ha marcado ya un punto de inflexión en la estrategia de polarización que siguen los partidos.
Más allá de la rentabilidad política del compendio de medidas incluido en este primer paquete, cifrado en 10.600 millones de euros, Sánchez avanzó que será necesario ir inyectando más recursos, una cantidad ingente, para afrontar la reconstrucción de las zonas más afectadas, recuperando el pulso y relanzando toda la actividad, singularmente de la Comunidad Valenciana. «Estamos hablando de cifras muy importantes desde el punto de vista económico», señaló. «Son muchos recursos económicos, a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias, y otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas», destacó.
La DANA ha cambiado el marco y las previsiones del Gobierno, que se encontraba inmerso en las negociaciones del techo de gasto para la aprobación de unos nuevos Presupuestos. Ahora, se abre una ventana de oportunidad y el presidente ya presiona para lograr un apoyo «mayoritario» a las cuentas, un apoyo que no tenía garantizado a día de hoy y que condiciona a la ayuda a los afectados por la riada. «Los Presupuestos son más necesarios que nunca», verbalizó durante la intervención. «Tendremos que revisar el impacto sobre el déficit y la deuda y encontrar los vehículos más eficaces y más ágiles posibles en el marco de los presupuestos para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz y equitativa posible», insistió, avanzando que «necesitamos unos Presupuestos» y que «si había razones para aprobarlos antes de esta DANA», ahora «son más necesarios que nunca».
Por tanto, una nueva prórroga presupuestaria, como la que está en vigor en la actualidad, no es ya una posibilidad con la que opere el Gobierno. «Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales», señaló. «Por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario», apuntó inmediatamente el presidente, avanzando cuál será la hoja de ruta a seguir.
De este modo, Sánchez utilizará la emergencia de la DANA para persuadir al resto de partidos políticos, con los que el ministro Félix Bolaños se reunió el lunes en una ronda de contactos en el Congreso de los Diputados, para que se avengan a negociar y pactar unas nuevas cuentas públicas. Unos Presupuestos que no son un proyecto cualquiera, es el que tiene que dar suficiencia y solvencia a las ayudas para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, pero también el que permitiría a Sánchez agotar la legislatura. Unas nuevas cuentas públicas son el salvoconducto para llegar a 2027, la ambición del presidente, y no parece, por el momento que ni sus socios ni el PP, que el lunes ofrecieron toda su colaboración, estén dispuestos a transigir con esta maniobra. Durante la comparecencia que Feijóo ofreció el lunes desde la sede de Génova pronunció varias declaraciones en este sentido. «Cuenta con el apoyo de nuestra formación para las acciones que garanticen la mejor atención a las víctimas», dijo, pero desde el PP mostraron ayer su rechazo a que Sánchez condicione las ayudas a la aprobación de los Presupuestos.
El primer paquete de 10.600 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros también sirvió para marcar distancias con el presidente de la Generalitat Valenciana. El volumen de financiación pública movilizado por el Gobierno dista un abismo de la petición que ayer lanzó Carlos Mazón, que cuantificó en 31.400 millones de euros las ayudas que serían necesarias en un primer impacto para paliar la catástrofe. Este montante equivale al presupuesto anual de la Generalitat y no está consensuado con La Moncloa. El Gobierno se queda, por ahora, en un tercio de esta petición y el presidente lanzó ayer un dardo nada velado a Mazón, calificando de «medidas concretas y realistas» las que se aprobó el Consejo de Ministros.
Sánchez también defendió la decisión del Ejecutivo de no asumir el mando único en la gestión de la crisis, apartando del mismo a la Generalitat Valenciana, como le piden abiertamente desde el PP nacional. «Todos somos Estado», repitió Sánchez en varias ocasiones, argumentando que no se ha avanzado en la declaración de la emergencia nacional o el estado de alarma por «razones de unidad, eficacia, respeto institucional y responsabilidad» con las autoridades locales y regionales que están sobre el terreno.
El presidente hizo una reivindicación de la «cogobernanza» que se instauró como forma de relacionarse durante la pandemia y que nace de un Estado autonómico descentralizado. El Ejecutivo sigue sin querer entrar al choque con Mazón, pese a que el presidente valenciano cambiara el guión y culpase al Gobierno central de los fallos en la primera reacción ante la catástrofe.
