La sostenibilidad de las pensiones se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la economía española. Un problema que, a lo largo de los años, los sucesivos gobiernos han ido postergando, dejando la solución en manos de sus sucesores. Pero la realidad es ineludible, y los datos indican que la sostenibilidad de las pensiones futuras está lejos de estar garantizada.
Desde 2017 la UE exige a todos los estados miembros que publiquen el valor devengado de sus pasivos por pensiones (en un cuadro complementario denominado Tabla 29), es decir lo que el Estado debe a los que ya están cobrando su pensión y a los cotizantes, lo que da una idea del volumen de compromisos que los estados tienen con los pensionistas de ahora y con los futuros.
Así, en España, a finales de 2021 (últimos datos disponibles), los pasivos del sistema público de pensiones —es decir, los compromisos que el Estado ha adquirido con jubilados y cotizantes— alcanzaron una cifra colosal, equivalente a 4,72 veces el PIB del país, es decir, unos asombrosos 5,76 billones de euros. Sin embargo, la tabla 29 no tiene en cuenta los activos financieros y, en particular, por cotizaciones que respaldan a dichos pasivos, ofreciendo una imagen incompleta de las finanzas públicas, y por consiguiente de la solvencia de los sistemas públicos de pensiones.
Para completar dicha imagen los académicos Carlos Vidal-Meliá, Juan Manuel Pérez-Salamero, Anne M. Garvey y Anna Castañer Garriga han desarrollado los pasos detallados que deben seguirse para obtener el balance actuarial (BA), que indica la diferencia entre los activos y pasivos, es decir la posición financiera general de un sistema público de pensiones, a partir de la información contenida en la Tabla 29 para España elaborada por el INE.
Analizados estos datos, los expertos concluyen que el sistema público de pensiones presenta un «agujero» financiero de dimensiones abismales: 1,30 veces el PIB de 2021, lo que equivale a 1,58 billones de euros, dado que el valor de los activos financieros y por cotizaciones atribuibles al sistema era de 3,42 veces el PIB en 2021 (4,18 billones de euros), respecto a unos pasivos de 5,76 billones de euros (4,72 veces el PIB).
Dicho de otra manera, los datos indican que, al cierre de 2021, el sistema solo cuenta con activos suficientes para respaldar el 72,52% de sus compromisos con los pensionistas, lo que implica que hay un déficit acumulado del 27,48% y que una parte significativa de las pensiones no está garantizada. Esto implica que el Estado eventualmente necesitará asignar fondos adicionales para cubrir el déficit acumulado. «Históricamente, los gobiernos han sido muy reacios a incluir las obligaciones de pensiones en los balances. Las razones son varias: la complejidad percibida de los cálculos actuariales necesarios, el conocimiento especializado que requieren y, sobre todo, la falta de voluntad para revelar grandes pasivos que afectarían negativamente la posición financiera neta del Estado», explica Vidal-Meliá, Catedrático de la UV e investigador afiliado de ICAE.
[[QUOTE:PULL|||"Históricamente, los gobiernos han sido muy reacios a incluir las obligaciones de pensiones en los balances"]]
Según los autores del informe, para restaurar la solvencia del sistema público de pensiones, los pasivos deberían crecer a una tasa mucho más baja que los activos y, desafortunadamente, en los últimos años ha ocurrido lo contrario. De hecho, el déficit del sistema en 2021 fue del 130% del PIB, 4,16 veces mayor que en 2014. Además, por cada euro que los gobiernos prometen en forma de pensiones, el sistema solo puede garantizar aproximadamente 73 céntimos. Un panorama desolador que, según Vidal-Meliá, no se revertirá: «El pasivo está en constante evolución, seguirá creciendo debido al aumento de los pensionistas y la revalorización de las pensiones por encima de la inflación, lo que desequilibrará aún más el sistema. Una situación que debería hacer que los ciudadanos se pregunten seriamente si confiarían voluntariamente su dinero al sistema público de pensiones, si tuviesen la opción de elegir entre cotizar al sistema público o a uno privado», señala Vidal-Meliá.
Estos datos, que el gobierno trata de minimizar para evitar la polémica, adquieren aún más relevancia si se considera que más del 30% de las pensiones se están pagando mediante transferencias directas del Estado, lo que añade una capa de incertidumbre a la sostenibilidad del sistema.
Por otro lado, si se eliminaran todas las contribuciones del Estado al sistema público de pensiones, la economía española necesitaría un crecimiento económico sostenido del 3,20% anual real acumulativo a largo plazo, señalan los expertos del informe. Un objetivo que parece «prácticamente inalcanzable» si se compara con el crecimiento medio del PIB en los últimos años, que ha sido mucho más modesto: apenas un 1,88% real en promedio durante los 27 años previos a 2021.
«Esta brecha sugiere que, sin un incremento considerable en el crecimiento económico o sin ajustes profundos en el sistema, el desequilibrio entre activos y pasivos no solo persistirá, sino que podría agravarse drásticamente», apuntan los expertos. Subrayan el devastador impacto que el «agujero» del sistema de pensiones tendría sobre la deuda pública, la cual, en realidad, sería 2,46 veces el PIB (3,01 billones de euros), en lugar de la informada oficialmente de 1,17 (1,43 billones). Esto podría acarrear consecuencias graves para la estabilidad económica del país y poner en peligro su capacidad de endeudarse en el futuro. «El día que nos corten el acceso a la deuda pública, esto se habrá terminado», advierte Vidal-Meliá, quien recuerda lo ocurrido con los pensionistas en Grecia durante la crisis de 2008, cuando las pensiones máximas sufrieron una drástica reducción del 50% y las mínimas del 25%.
Contrariamente a la opinión de quienes consideran que las pensiones en España son bajas, los pensionistas han sido los más beneficiados desde la crisis de 2008. En 2021, las pensiones de los nuevos jubilados del régimen general aumentaron significativamente. Recibieron una pensión anual de 21.450 euros, un 14% superior al salario más frecuente en el país, que el INE sitúa en 18.503 euros anuales. Mientras que la pensión media en España ha crecido un 24,61% en términos reales entre 2008 y 2021, principalmente debido al sistema de sustitución y la política de indexación de las pensiones, el salario medio solo ha aumentado un 2,84% en el mismo periodo.
[[QUOTE:PULL|||"La reforma de las pensiones está mal planteada, ya que se basa en la ficción de que el sistema de pensiones está equilibrado"]]
Los expertos no albergan grandes esperanzas en que la última reforma del gobierno (2020-2023) logre frenar el alarmante déficit contributivo que ha venido creciendo en los últimos años. «La reforma está mal planteada», afirman los expertos con contundencia, «ya que se basa en la ficción de que el sistema de pensiones está equilibrado, cuando en realidad, como mostramos en nuestro estudio, su solvencia está gravemente deteriorada. Las proyecciones son inverosímiles, ya que se basan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones».
Por otro lado, la AIReF proyecta que las reformas de pensiones implementadas entre 2021 y 2023 provocarían un aumento significativo del déficit público, con un 1,1% adicional en 2050 y otro 1% en 2070, elevando la deuda pública al 186% del PIB. Aunque la reforma incrementaría los ingresos públicos en un 1,3% del PIB, esto se lograría principalmente a través de un mayor peso en las contribuciones a la seguridad social para los ingresos más altos, lo que podría generar tensiones adicionales en el sistema.
Sin embargo, los expertos añaden que, el aumento de los ingresos no será suficiente para cubrir el gasto, que se incrementaría en 2,4 puntos debido a medidas como la revalorización automática de las pensiones en línea con el IPC. No solo eso, si no que, además, el carácter contributivo del sistema de pensiones se verá reducido, y las contribuciones sociales se convertirán en un «impuesto puro».
[[QUOTE:PULL|||"La carga del sistema de pensiones se está trasladando peligrosamente a las generaciones futuras"]]
También señalan que la reforma no mejorará la equidad intergeneracional, ya que sigue aumentando la carga fiscal sobre los jóvenes para mantener la «generosidad» de los beneficios de las pensiones. «Con un patrimonio neto profundamente negativo, la carga del sistema se está trasladando peligrosamente a las generaciones futuras. El sistema solo podrá mantenerse mientras el Estado siga acumulando deuda», señalan poniendo en evidencia la frágil dependencia de las pensiones españolas de una constante financiación pública.
«Si se tratara de una institución de pensiones privada, las autoridades intervendrían de inmediato», señalan los expertos. Califican la situación del sistema de seguridad social como «crítica y en pleno declive» y arguyen que «es posible que los políticos españoles solo se tomen en serio el agujero del sistema de pensiones y dejen de postergar una reforma seria si los datos mostrados en este trabajo se convierten en oficiales».
No son mucho más optimistas sobre la gestión de la UE en este asunto, cuestionando si se aborda con la seriedad y el rigor necesarios. Sus argumentos son contundentes: «La Tabla 29 para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 se publicó en diciembre de 2023. Sin embargo, a principios de 2024, habían pasado más de dos años desde la última actualización suplementaria sobre los derechos de pensión. Para colmo, la Tabla 29 solo se compila cada tres años, basándose en datos del segundo trimestre, lo que sugiere que la UE no la está utilizando para decisiones significativas».
Los autores plantean en el estudio tres acciones principales para restaurar la solvencia del sistema de pensiones español, aunque aisladamente son claramente inviables por diversos motivos. La primera acción sugiere reducir las prestaciones a los pensionistas y los derechos reconocidos a los cotizantes en un 27,48%. Esto implicaría que solo se pague el 72,52% de prestaciones programadas. La razón de este desajuste es, entre otras cosas, la elevada tasa de sustitución de las pensiones en España, que es de las más altas en la OCDE (alrededor del 80%), lo que contrasta con el débil incremento de los salarios en los últimos años.
En el período 2008-2021, la pensión media ha aumentado un 24,61% en términos reales, mientras que el salario medio solo ha crecido un 2,84% para el mismo período de tiempo. Esta reducción ayudaría a alinear los pasivos con los activos disponibles, pero generaría un malestar social significativo, afectando especialmente a los pensionistas actuales que dependen de esas pensiones. También impactaría negativamente en la economía en el corto plazo (inevitable), ya que los ingresos de los pensionistas son un motor importante de consumo.
La segunda acción propuesta sería una aportación extraordinaria por parte del Estado, equivalente al 129,57% del PIB, para eliminar el déficit acumulado y restaurar un índice de solvencia de 1. Aunque esta opción resolvería el problema de insolvencia de manera inmediata, se considera inviable debido a la magnitud del aporte requerido. Este nivel de aportación extraordinaria es mucho mayor al de otros países como Estados Unidos, donde el aporte necesario sería del 84,98% del PIB. Además, España ya tiene un elevado nivel de deuda pública, que alcanzó el 120% del PIB en 2020, lo que complica aún más la viabilidad de esta medida.
La tercera opción sugiere un aumento de la tasa de cotización, del 28,30% (en 2021) al 39,03%. Este incremento no otorgaría más derechos a los cotizantes, pero aliviaría el déficit de tesorería del sistema. Sin embargo, este aumento significativo podría tener efectos adversos sobre la economía, especialmente en el empleo y la competitividad, y afectaría la equidad intergeneracional. Actualmente. España ya cuenta con una de las tasas de cotización más altas de la UE, solo superada por países como Portugal, Italia y Hungría.
España lidera los preocupantes datos sobre la sostenibilidad de las pensiones en la Unión Europea, según las cifras más recientes de Eurostat (ver gráfico adjunto). En 2015, el pasivo por pensiones en nuestro país equivalía al 288% del PIB, pero desde entonces la cifra ha crecido de forma alarmante: alcanzó el 357% en 2018 y llegó a un asombroso 501% del PIB en 2021. Esta tendencia coloca a España a la cabeza de Europa, seguida por Austria (451%), Italia (434%) y Francia (398%). En contraste, países con sistemas más sostenibles, como Suecia, registraron un pasivo de pensiones mucho menor, con solo el 191% del PIB en 2021.
En comparación con otros países que también publican balances actuariales para sus sistemas de pensiones, como Suecia, Canadá o Estados Unidos, la situación de España es notablemente más alarmante, resaltan los expertos en su informe sobre el sistema público de pensiones español. Mientras que el sistema sueco goza de un superávit del 12% en su balance actuarial (BA), lo que significa que sus activos superan sus pasivos, y Canadá mantiene un pequeño margen positivo, el sistema de pensiones español enfrenta un déficit abrumador. En 2021, España registraba un déficit del 130% del PIB, una cifra que contrasta de manera brutal con la solvencia de otros países y refleja la extrema precariedad de nuestro sistema. Un déficit que ha crecido a un ritmo imparable desde 2014, cuando el déficit era del 31%, del 56% en 2015, hasta llegar a los niveles actuales.
