La próxima semana, el Pleno del Congreso verá el intento de reprobación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su "incompetencia en el desempeño de su gestión ministerial". Vox lo llevará a votación porque, a su juicio, ha llevado a una "nefasta situación" para los trabajadores españoles. En este escenario, la vicepresidenta ha seguido fiel a sus grandes proposiciones y ha reclamado a su socio de Gobierno una reforma fiscal -que aseguró ya está negociando aunque están todavía "muy distanciados"- que sirva para afrontar los "retos de época" a los que se enfrenta la sociedad española.
Díaz esbozó en el Congreso de los Diputados -durante un debate en el Congreso sobre fiscalidad organizado por Sumar- la propuesta que defiende, que pasa por elevar la presión fiscal incluso por encima de esos cuatro puntos por debajo de la media europea que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se traducen en 60.000 millones más para las arcas de Hacienda. Para la vicepresidenta, ese esfuerzo fiscal tendría espacio para subirse cinco puntos más, uno más que la propuesta del presidente. "España está a 80.000 millones de euros de llegar a la presión fiscal que hay ahora mismo en la Unión Europea", por lo ha urgido a desarrollar una nueva reforma fiscal con la que se pueda alcanzar esa cifra.
Incluso ha ido un poco más allá, ya que advirtió que cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) revise las cifras el PIB) esa distancia se alargará hasta los siete puntos, que sería esos 80.000 millones anunciados. Estos ingresos llegaría a través de la permanencia de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, rebajando el umbral de aplicación del impuesto a grandes fortunas de tres millones a un millón descontando la vivienda habitual o armonizando un impuesto de sucesiones.
La ministra ha vuelto a denunciar que el impuesto de Sociedades no grava suficientemente a las empresas porque "está mal diseñado" y presenta "agujeros fiscales" a través de deducciones y bonificaciones que provoca que un pequeño autónomo tribute "muchísimo más" que una gran empresa. "Esto es de una injusticia fiscal tan brutal que yo creo que es un debate absolutamente ganador entre la ciudadanía".
Horas antes, la vicepresidenta segunda había vuelto a amenazar a los empresarios, advirtiéndoles de que su oferta de incentivos para ayudar a las pequeñas empresas a aplicar la reducción de jornada están condicionados a que la CEOE negocie y acuerde en el seno del diálogo social cuanto antes. "El diálogo social tiene que ser tratado con respeto porque sabemos bien que las empresas de menos de cinco trabajadores necesitan acompañamiento", ha señalado en la rueda de prensa para presentar el primer Congreso Internacional del Trabajo.
Díaz ha incidido en que el acuerdo es posible, pero considera que la patronal debe explicar si va a estar "a la altura del país" en la mesa de diálogo con la reducción de jornada y la subida del SMI. "La cuestión es si la dirigencia de la patronal se va a hacer un salario mínimo, perjudicando a las empresas o está dispuesta a negociar", ha indicado. "Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que hay medidas que son muy eficaces e importantes para las empresas de menos de cinco trabajadores". Por eso ha recordado que hay unos plazos, que el acuerdo es que el 31 de diciembre del año 2025 todos los españoles "coticen en el sector de actividad en el que fuere" van a tener reducida su jornada a 37 horas y media. "España llega tarde después de 105 años de definición de una jornada laboral y es verdad que llevamos 40 años con una jornada laboral congelada", ha lamentado.
