La mayoría de la Junta de Fiscales de Sala ha respaldado a Álvaro García Ortiz en su decisión de no dimitir tras ser imputado por el Tribunal Supremo. Durante casi dos horas y media y convocados por el propio fiscal general, los integrantes de la cúpula de la carrera han escuchado sus argumentos para mantenerse en el puesto -reiterando que él no filtró ningún correo entre el abogado del empresario Alberto Gónzalez Amador y el fiscal de Madrid que le investiga por fraude fiscal- y las opiniones de una Junta de Fiscales con mayoría de afiliados a la progresista Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Pero García Ortiz también ha tenido que escuchar voces a favor de su dimisión para preservar la imagen de la Fiscalía y evitar que su investigación afecte al normal funcionamiento del Ministerio Público. Según las fuentes consultadas, ocho de los 34 fiscales de la Junta se han mostrado a favor de que dé un paso atrás en contra del criterio mayoritario de que continúe en el cargo. Entre los fiscales que sí han mostrado su respaldo al fiscal general del Estado figuran Pedro Crespo, fiscal del Tribunal Constitucional (TC) y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, según esas mismas fuentes.
García Ortiz convocó ayer a la Junta de Fiscales de Sala tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de imputarle por revelación de secretos por la filtración de datos reservados de la investigación por fraude fiscal al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según explicó en el comunicado en el que dejaba claro que no piensa presentar su renuncia, su intención al reunir a la cúpula de la carrera -está tarde ha convocado al Consejo Fiscal- era "proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta".
Según puso de manifiesto en ese comunicado García Ortiz, seguir al frente del Ministerio Público tras su imputación "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y con esa decisión se "refuerza la independencia de la Fiscalía española".
La Junta de Fiscales de Sala, presidida por García Ortiz, está integrada por otros 34 fiscales. Cuatro de ellos no han acudido hoy de forma presencial a la reunión, en la que ha sido el fiscal general quien ha abierto el fuego exponiendo a sus compañeros sus razones para no dimitir tras la decisión del Supremo. A continuación, los fiscales han ido expresando su opinión al respecto (empezando por los más modernos a los más antiguos en la carrera). Han cerrado el turno la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, y la "número dos" de García Ortiz, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien presumiblemente será la encargada de fijar la posición del Ministerio Público en la causa penal abierta contra su superior jerárquico por revelación de secretos.
No es la primera vez que la Junta de Fiscales avala a García Ortiz. El pasado junio, secundó su posición de aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de procesados o condenados por el "procés", en contra del criterio de los fiscales del caso Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En ese caso, ese apoyo se decidió por un solo voto.
Dos meses antes, los fiscales de Sala se reunieron para expresar su parecer sobre la querella del González Amador contra dos fiscales de Madrid por revelación de secretos, una causa que finalmente ha provocado la imputación del propio García Ortiz por el Tribunal Supremo. También en ese caso, la Junta avaló, pese a la división interna, la postura del fiscal general en contra de la admisión a trámite de la denuncia.
