El administrador único de una de las empresas matrices de Madeira Invest Club (MIC), el chiringuito financiero -así lo calificó la CNMV- que supuestamente pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise, pide a la Audiencia Nacional que investigue a sus inversores, el origen de los fondos que les entregaron y no sean considerados afectados por sus actividades.
Ya que sus clientes contactaron con "una persona que es reconocida por el asesoramiento que presta para la elusión de impuestos" y lo hicieron "bajo la supuesta promesa de recibir en un corto periodo de tiempo altas rentabilidades". Además de que en ningún momento probaron que los activos que les entregaron eran de procedencia legal. Así figura en un escrito que ha sido adelantado por El Periódico de España y al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Esa persona es Álvaro Romillo, el denunciante del líder de Se Acabó la Fiesta, y que ha sido objeto de una macrodenuncia en la que sus antiguos inversores en MIC se presentan como víctimas de una estafa que él y sus colaboradores más cercanos habrían perpetrado.
Uno de ellos, administrador de Eulegal España SL, defiende ante el Juzgado de Instrucción número 4 que les investiga que la Agencia Tributaria ha sufrido perjuicio "tanto por la actividad (elusión fiscal) de los denunciados como de los denunciantes".
Por tanto, apunta a que "no pueden tener la condición de afectados" ni se les pueden acabar siendo devueltos -por orden de la Justicia- "capitales que previamente hayan sido defraudados" a la Agencia Tributaria, "no tengan un origen lícito acreditado" o no cumplan con la normativa de blanqueo de capitales.
Recuerda la defensa de este hombre que las funciones de la Audiencia "no se encuentra el lavado de capital aflorado por los denunciantes", como aseguran que ocurriría si se declara perjudicados de sus actividades "dada la falta de control del origen de los pagos realzados" tanto a Eulegal como a Romillo por sus clientes en efectivo o criptomonedas.
Al mismo tiempo, señala que los que fueron miembros de MIC firmaron un contrato "para la compra de una NFT" y en ningún caso para una inversión "que es el negocio jurídico que denuncian haber realizado".
Sugiere el administrador de Eulegal que la Agencia Tributaria tiene que personarse en el presente procedimiento a través de la Abogacía del Estado al haberse visto afectada por el papel de unos y otros en estos hechos.
Paralelamente, la defensa de este colaborador de Romillo alega que se debe suspender el procedimiento de inspección que está desarrollando la Agencia Tributaria sobre el conglomerado de mercantiles detrás de Madeira Invest Club ya que este procedimiento administrativo, al existir simultáneamente una causa penal en la Audiencia Nacional, va contra su derecho de defensa.
Toman el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para respaldar que "la continuación del procedimiento penal suspenderá el procedimiento administrativo" y que pesa su derecha a poder no declararse culpables en la vía penal abierta.
La solicitud de documentación sobre el pago por parte de las empresas vinculadas al 'chiringuito financiero' referente a los impuestos de Sociedades -referente a los ejercicios que van de 2022 a 2023- y del IVA, del primer trimestre de 2022 al también primero de 2024-, es para la defensa del administrador un elemento que condiciona el resultado de la investigación penal.
