El PIB habla de crecimiento, pero detrás de las cifras la realidad de millones de españoles cuenta otra historia. Una historia que se repite cada mes cuando los jubilados deben estirar sus pensiones hasta el límite para cubrir lo básico, y cuando los trabajadores ven cómo sus salarios, pese a trabajar jornadas completas, apenas permiten afrontar el encarecimiento de la vida. Una historia que recuerda que, aunque el reloj económico haya avanzado, el nivel de vida de muchos sigue anclado en 2008.
El panorama es preocupante: los salarios reales en España se encuentran prácticamente al mismo nivel que hace 15 años, en pleno estallido de la crisis. La inflación, disparada en los últimos años, ha absorbido gran parte de las mejoras salariales, dejando la renta media deflactada con el IPC en 10.866 euros anuales en 2023, muy cerca de los 10.737 euros de 2008, según el XIV Informe «El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa» elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Estos datos reflejan que, aunque nominalmente se han incrementado los sueldos –la renta media nominal se situaba en 2023 en 14.082 euros, un 8,2% por encima de 2022–, la subida de precios ha contrarrestado ese avance, limitando el poder adquisitivo de los trabajadores.
La situación es especialmente dura para quienes dependen de pensiones. En 2023, se distribuyeron en España más de 10 millones de pensiones, de las cuales 3,7 millones, es decir, un 36,8%, se situaron por debajo del umbral de pobreza. Esto significa que más de un tercio de las personas jubiladas, con incapacidades permanentes, viudas o huérfanas viven con ingresos que no alcanzan para mantener una vida digna. Las cifras son aún más alarmantes en regiones como Galicia, donde casi la mitad de las pensiones (48,4%) se encuentran bajo este umbral, mientras que en Andalucía y Murcia el porcentaje supera el 40%. Incluso en las comunidades con mejores datos, como País Vasco, una cuarta parte de las pensiones (24,8%) no llegan al umbral de pobreza.
El informe destaca que la precariedad entre los pensionistas es solo una parte del problema. El estudio refleja que, sin las ayudas sociales, más de 10,8 millones de personas caerían por debajo del umbral de pobreza, evidenciando la fragilidad de gran parte de la población ante el encarecimiento de la vida. No obstante, el efecto de estas transferencias es menor que en otros países de la UE. Mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6%, en Alemania lo hacen en un 64,9%, en Francia en un 67,2% y en Finlandia en un 70,7%. En cuanto a las pensiones de jubilación, aunque contribuyen a reducir la pobreza en 5,4 puntos porcentuales de 0 a 64 años, en «2 millones de personas», en las comunidades con mayores tasas de pobreza su impacto es mucho más limitado.
La situación no es mucho mejor para el conjunto de la población, incluidos los que están en activo. El aumento de la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) de un 26% en 2022 a un 26,5% en 2023 evidencia que el encarecimiento de la vida ha elevado el riesgo de pobreza a 12,7 millones de personas. Con este repunte, España se sitúa como el tercer país de la UE con más población en riesgo de pobreza o exclusión, por detrás de Rumanía y Bulgaria.
Como todos los años, se repite la dicotomía norte-sur. En el sur de España, la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión alcanza el 33,8% –superior a cualquier país de la UE–, trece puntos por encima de las comunidades del norte, con una media del 20,8%. Las regiones o ciudades autónomas con mayor riesgo de pobreza o exclusión son Ceuta (41,8%), Andalucía (37,5%), Melilla (36,7%) y Canarias (33,8%). En el lado contrario, las de menor riesgo son País Vasco (15,5%), Navarra (17,2%), Madrid (20,4%) y Aragón (20,4%).
A esta brecha geográfica se suman las diferencias en la distribución de los recursos. Las comunidades del norte, como País Vasco (18.189 euros), Madrid (16.817 euros) y Navarra (16.599 euros), mantienen rentas medias más altas. En cambio, en regiones como Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, la renta media no supera los 12.000 euros, situándose en niveles que dificultan cubrir los gastos básicos mensuales.
El informe indica que el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza y advierte de que, pese al aumento del PIB en todas las comunidades autónomas desde 2015, la tasa de pobreza "sólo" ha descendido en diez de ellas. Así, el análisis señala que en comunidades como La Rioja, Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla y León ha habido incrementos del PIB superiores al 15% desde 2015, pero "solo" produjeron "reducciones mínimas" de la tasa de pobreza, entre el 1% y el 3%.
La EAPN-ES advierte que la privación material y social severa, un indicador que mide la incapacidad para acceder a ciertos bienes y servicios básicos, ha seguido aumentando. En 2023, un 9% de la población se encontraba en esta situación, con picos del 12,6% en Andalucía. Estas personas tienen los ingresos necesarios como para no ser considerados pobres pero no son suficientes para mantener una vida digna. En cuanto a la tasa de población exclusivamente en riesgo de pobreza (descartando la exclusión social), asciende al 20,2% (9,7 millones de personas) de las cuales el 41%, es decir, unos 4,2 millones están en pobreza severa.
