Ya lo avisó Sánchez a inicios de septiembre en el acto de apertura del curso político. El Gobierno, en el marco de los Presupuestos Generales de 2025 -cada vez más lejos de salir adelante-, se prepara para subir los impuestos a las rentas del capital, a los contribuyentes más adinerados, a los vehículos más contaminantes y a las energéticas y entidades bancarias, convirtiendo en permanentes los impuestos extraordinarios, con el objetivo de cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas y con la reforma tributaria que le exige la UE para acceder al quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation. Ayer, durante distintas intervenciones en el Congreso de los Diputados a petición del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretaron la cifra en la que se podría situar ese alza impositiva: 60.000 millones de euros. Esa cantidad corresponde a los 4 puntos porcentuales del PIB a los que asciende la brecha de presión fiscal entre España y la media de la Unión Europea.
"En relación con la brecha fiscal, estamos cuatro puntos por debajo en presión fiscal, de hecho Europa exige al Gobierno una reforma fiscal que le permita ponerse al menos simétrico en relación con esta cuestión", señaló Montero en respuesta a la portavoz del PP Cuca Gamarra, que le reprochó la asfixia fiscal a la que están sometidos los españoles. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó su intervención para denunciar el "atraco" fiscal del Gobierno de coalición, al que ha acusado de subir los impuestos hasta en 62 ocasiones desde 2018. En cambio, el turno de Sumar, Íñigo Errejón recordó que España está cinco puntos por debajo de la media de la Eurozona en términos de contribución fiscal, por lo que ha reclamado una "fiscalidad justa" sustentada en hacer estructurales los impuestos extraordinarios a banca y energética.
El quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation está condicionado a que España acometa una reforma tributaria que cierre la brecha fiscal con la UE, una diferencia que Hacienda consideraba reducida tras haber rebajado la presión fiscal española en comparación con la europea de siete a tres puntos entre 2019 y 2023. Sin embargo, la reciente revisión al alza del PIB de 2023 realizada por el INE ha aumentado el desafío, ya que al crecer el PIB, el peso relativo de la recaudación ha disminuido, lo que amplía la tarea pendiente.
Este anuncio se produce apenas una semana antes de que el Ejecutivo deba enviar su Plan Fiscal Estructural a Bruselas, en el que detallará cómo corregirá los excesos de déficit y deuda pública. Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que "no va a haber recortes" en el plan de equilibrio fiscal que España presentará a la Comisión Europea, como muy tarde, el próximo 15 de octubre tras haber vencido un primer plazo el pasado 20 de septiembre, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló en abril que el ajuste fiscal necesario para cumplir con las reglas europeas podría rondar los 40.000 millones de euros repartido en cuatro o siete años. Esto se traduciría en un crecimiento del gasto público limitado al 3% anual, lo que pondría en riesgo la viabilidad de futuras inversiones y la calidad de los servicios públicos.
A la incertidumbre sobre las medidas fiscales concretas que acometerá el Gobierno se suma la preocupación sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones. Sánchez ensalzó que las políticas del Ejecutivo están permitiendo llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como "hucha de las pensiones" con la previsión de que alcance los 9.500 millones de euros este año, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y reducir el déficit público. Pese a ello, las cotizaciones son insuficientes para pagar las pensiones y su déficit se financia con transferencias directas desde el Tesoro Público.
