Los más veteranos de la Ejecutiva del PP tienen focalizado el origen del grave error que cometió el grupo popular en el Congreso –también Vox y otros partidos de la oposición– con la reforma que el Gobierno ha pactado con Bildu para levantar la exención a la convalidación de penas a los presos etarras y proceder así a la rebaja en el tiempo de sus condenas.
Desde este órgano de dirección se reclama que el mando nacional restituya el sistema periódico de rendición de cuentas de los diputados y senadores que ya se ha utilizado en otras etapas, y que mensual o trimestralmente sirve para evaluar de manera interna el trabajo de cada uno de ellos con efectos directos para «mantener la tensión y también como elemento de referencia para decidir quién repite y quién no sigue en las próximas listas electorales».
Este sistema lo aplican en algunas Cámaras autonómicas de gobiernos del PP y exige que haya uno o varios responsables de hacer el seguimiento del trabajo diario de todos los miembros del grupo, al margen de sus intervenciones en Pleno, que están más dirigidas por la cúpula nacional. Es un trabajo que se hace fuera del circuito oficial, aunque los diputados sepan que están sometidos a examen y esto les obligue a aumentar su esfuerzo y su competencia.
En la Ejecutiva del PP se reclama que este sistema de control se reactive, con informes periódicos al responsable máximo del grupo parlamentario. El funcionamiento del grupo popular en el Congreso está internamente sometido a discusión. Son dudas y enmiendas que vienen de atrás, aunque el fallo con la reforma que afecta a las condenas a etarras haya hecho que revivan y se hagan circular con más virulencia.
Así, dentro del Comité Ejecutivo del partido también se estima que falla el sistema de competencia entre las portavocías de Génova y las del Congreso. Esa rivalidad sí funcionó en otras etapas, y ponen como ejemplo el «pique» que mantenían Miguel Arias Cañete desde el partido y Vicente Martínez Pujalte desde el grupo parlamentario.
Ahora, lo único que se aproxima un poco más es la diluida pugna entre Borja Sémper, que se encarga de temas de Cultura en el partido, y Jaime de los Santos, que está curtido en la Asamblea de Madrid, en el Senado y es un especialista en la materia, con una buena agenda y con mucho reconocimiento dentro del sector. Ninguno de los dos, ni Sémper ni De los Santos, ha entrado a degüello en esa competencia, pero son los únicos alter egos que se visualizan en estos momentos.
La decisión de Pedro Sánchez de convocar precipitadamente las elecciones generales, después de las últimas autonómicas y municipales, pilló con el pie cambiado al PP, y en la dirección popular comentan que Alberto Núñez Feijóo cometió el desliz de «delegar demasiado en mano de los responsables provinciales» las propuestas de los candidatos a la lista al Congreso que él encabezó. De hecho, en el partido está consolidada la idea, sostenida en reflexiones que dicen haber escuchado en boca de Feijóo, de que éste no estaba del todo satisfecho con el resultado, por falta de cierto nivel, aunque prefería haber hipotecado la imposición de unos nombres a mantener el consenso interno.
Desde que llegó a la dirección del partido Feijóo se ha caracterizado por soltar las riendas a los dirigentes autonómicos y practicar la misma política de respeto a la autonomía territorial que él reivindicó como presidente de la Xunta.
Esto ha facilitado la concordia dentro del PP, y recuperar la paz que se perdió con el mandato de Pablo Casado, pero también genera disfunciones porque los intereses de los distintos dirigentes territoriales no son coincidentes ni van siempre en el sentido de lo que le interesa a Madrid.
De esta crisis no se esperan dimisiones, en la medida en que este gesto afectaría también a la autoridad del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, responsable, por cierto, de la configuración de las listas en la medida en que era el interlocutor con las organizaciones provinciales. Pero el partido sí espera algún gesto de autoridad por parte de Feijóo, ya sea en público o convocando una reunión de los grupos parlamentarios para imponer un mensaje de autocrítica y de advertencia sobre las consecuencias a futuro de que se repitiese un «error» como el que ahora es objeto de discusión.
Por cierto, el Gobierno y sus socios ya están negociando la transposición de una nueva directiva europea, esta vez sobre fiscalidad: pretenden utilizarla también como vehículo para colar otras cuestiones nacionales como la conversión de los gravámenes a la banca y a las energéticas en impuestos. La clave vuelve a estar en las enmiendas.
La reforma que beneficia a los presos etarras se aprobó de tapadillo por el mismo mecanismo, a través de la modificación de la ley orgánica 7/2024 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales de la Unión Europea. Ahí es donde se introdujo una de las reivindicaciones históricas de Bildu para sacar a la calle, cuanto antes, a los etarras que cumplieron condenas en Francia. Esta modificación fue aprobada por unanimidad.
