La Santa Sede quiere resolver más pronto que tarde el conflicto abierto y enconado entre la Diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei en torno al santuario oscense de Torreciudad. Al menos así se deduce del nombramiento del toledano Alejandro Arellano como comisario pontificio plenipotenciario para determinar cómo se llevará a cabo la gestión a partir de ahora del centro de peregrinaciones de referencia para la realidad eclesial fundada por san Josemaría Escrivá de Balaguer.
El decano del Tribunal de Rota tendrá que dilucidar ahora sobre la actualización de los estatutos vinculados a un enclave que la Diócesis cedió en 1962 a través de un contrato por tiempo indefinido al Opus Dei y que incluye una ermita, una talla de Nuestra Señora de los Ángeles, una hospedería y unos terrenos anejos con un macrotemplo que hoy está catalogado de oratorio semipúblico.
Según reza el decreto vaticano al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Vaticano se adentra en esta crisis ante «la necesidad de resolver el conflicto suscitado» y después de «los infructuosos intentos de solucionar dichos desencuentros por medio de común acuerdo de las partes» con el fin de «considerar la actualización de los estatutos canónicos y civiles».
La Santa Sede ha tomado cartas en el asunto tan solo dos semanas después de que el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, viajara expresamente a Roma para solicitar que interviniese directamente para resolver el enfrentamiento con la Prelatura. Y lo ha hecho eligiendo para dictar sentencia, en términos coloquiales, al máximo responsable del Tribunal de la Rota Romana. La designación del arzobispo español es más que determinante, en tanto que, de alguna manera, es el jurista más reputado y con más poder del orbe católico. Y es que, está al frente de la corte judicial de más alto rango de la Iglesia católica, con permiso del Tribunal Supremo de Doctrina de la Fe.
El recado implícito tanto a la Diócesis como al Opus Dei parece claro: una vez que el juez «supremo» del Vaticano se pronuncie no tendrán más margen de maniobra para recurrir y deberán acogerse a la resolución que adopte. Esta reacción temprana de la Santa Sede lleva a pensar también que, al margen de la pertinente investigación que realice Arellano, no estaría por la labor de demorar en demasía su informe definitivo.
A esto se une la colaboración que unos y otros han verbalizado al trascender el nombramiento. A través de un comunicado, el Obispado de Barbastro-Monzón ha agradecido «la rápida respuesta a su solicitud, reitera su absoluta confianza en las resoluciones de la Santa Sede y se pone a disposición del Comisario Pontificio, con quien colaborará en todo aquello que sea necesario».
El Opus Dei ha hecho lo propio, subrayando que «las autoridades de la Prelatura estarán a total disposición de monseñor Arellano, colaborando en lo que sea necesario, con filial adhesión al Santo Padre».
Esta disposición no se corresponde con la batalla vivida hasta la fecha y los múltiples intentos de negociación. La encrucijada se desató en 2020 cuando, según el relato de la Diócesis, la Prelatura se dirigió al Obispado con una petición de novación contractual. A partir de entonces, comenzó el intercambio de pareceres a puerta cerrada y con la discreción requerida.
Sin embargo, a mediados de julio de 2023 salta a la opinión pública el enfrentamiento latente. El obispo Pérez Pueyo tomaba la decisión de nombrar de forma unilateral como rector del santuario a un sacerdote no perteneciente a la prelatura.
Quedaban así al descubierto unas discrepancias que iban más allá del rostro visible del centro de peregrinaciones y que hablaban de la autoridad de fondo, esto es, de quién debe llevar las riendas y tener la última palabra sobre el lugar desde el punto de vista canónico, civil y pastoral.
La tensión llegó a ser tal, que tuvo lugar una reunión al más alto nivel. Ángel Pérez Pueyo y el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, se citaron en Barbastro en un intento de desbloquear el caso. En esa «cumbre», el obispo advirtió de que nombraría a un rector en caso de no desatascarse algunos puntos de la regularización canónica. A la vista está que el encuentro con el máximo responsable de la Obra no llegó a buen término.
Desde el Opus Dei se dejó caer entonces que detrás de esta disputa se encontrarían diferencias a la hora de actualizar el montante anual que se paga a Barbastro-Monzón por la cesión de los espacios. O dicho de otra manera, desde el entorno de la Obra se acusó al obispo de reclamarles 600.000 euros anuales. Actualmente, desde Torreciudad, según el acuerdo de 1962, se abona a Barbastro-Monzón un total de 19,32 euros al año. La Diócesis, por su parte, siempre han negado que el fin último fuera recaudatorio.
A partir del verano de 2023, la tensión fue a más después de que en diciembre los representantes del Opus Dei desestimaran participar en un acto de conciliación que permitiera renegociar ante un juez el estatus de Torreciudad. Con el año nuevo todo parecía encauzarse. En marzo se celebró una reunión técnica entre ambas partes que parecía sentar las bases de un posible acuerdo. Sin embargo, el pasado 30 de junio tuvo lugar otra cita infructuosa. Fue entonces cuando el obispo decidió dejar el caso en manos de Roma.
En estos últimos días, y antes de trascender el nombramiento de Arellano, la Comisión Permanente del Consejo de Pastoral de la Diócesis aragonesa salió en defensa de Pérez-Pueyo, desvelando que estaba siendo víctima de una «campaña difamatoria» por el caso Torreciudad.
A través de un comunicado han condenado los ataques recibidos «bajo pseudónimo o, directamente, de forma anónima». Con esta premisa, mostraban su rechazo a quienes «vierten acusaciones, insultos y burlas hacia el pastor de la Diócesis de Barbastro-Monzón e, incluso, hacia trabajadores de la Curia». En paralelo, la Prelatura del Opus Dei se ha desmarcado de cualquier comentario que vaya en esta línea.
