Todo estaba previsto para que este martes el Senado ratificase la decisión del Congreso de los Diputados de modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea con el objetivo de ajustarla a la normativa europea. Sin embargo, finalmente no será así, ya que el PP ha decidido aplazar esta votación y quitarla del orden del día ante la polémica generada.
Así, la Mesa del Senado debía debatir hoy el texto enviado desde el Congreso tras su aprobación en mayo del proyecto de ley de modificación, una reforma para la que se tuvo que ampliar el plazo de enmiendas en varias ocasiones para que las formaciones políticas presentasen sus subsanaciones, hasta alcanzar las 14 modificaciones que se registraron en total.
De esta manera, el pasado 18 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el texto de la reforma que, hasta ahora, nadie se había percatado de que permitiría la reducción de penas de años de condena a decenas de terroristas de ETA que ya han cumplido parte de sus condenas en Francia.
No obstante, el objetivo de la reforma legal era ajustar la ya existente a la normativa europea y, tras las enmiendas presentadas, se acabó actualizando para descontar de las penas el tiempo en prisión que los terroristas ya habían cumplido en otros países de la Unión Europea, como es el caso de los etarras en Francia.
Sin embargo, con el fin de evitar ventajas para los presos de ETA, la normativa anterior excluía del cómputo más favorable a aquellos condenados con anterioridad al año 2010; una salvedad que ahora ha sido suprimida y ratificada por todos los partidos políticos del Congreso.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) emitió ayer un comunicado tras conocerse que el Senado tenía previsto aprobar hoy, martes 8 de octubre, una reforma legal que beneficiaría a los terroristas de ETA y que su entorno reclamaba desde hacía años: la derogación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 7/2014, avalada por el Tribunal Europeo en 2018, que impedía que los etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.
"Desde la AVT no damos crédito a lo que está sucediendo. Que este Gobierno iba a cumplir esta reivindicación histórica del entorno de ETA lo teníamos claro, pero… ¿Con el apoyo de PP, Vox y UPN? ¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la Ley Orgánica 7/2014 afectaba también a los etarras? ¿No hay nadie al volante en este país? Queremos pensar que ha sido un error y lo rectificarán mañana en el Senado, pero aunque así sea, sabemos que solo será un parche", sentenciaba Maite Araluce, presidenta de la Asociación.
La reforma, tras su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se prevé que sea la semana que viene, beneficiará, según la Asociación Víctimas del Terrorismo, a un total de hasta 44 terroristas de ETA que verán rebajadas sus penas en hasta 380 años.
De esta manera, AVT calcula que, con la nueva reforma, hasta ocho terroristas de ETA podrían salir inmediatamente de prisión, entre los que se encuentran Jon Mirena San Pedro, Luis Garate, Ismael Berasategui, Aitzol Gogorza, Gregorio Vicario, Balbino Saez Olarra, Félix Alberto López de Lacalle, más conocido como 'Mobutu', y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, los dos últimos con delitos de sangre por asesinar a Avelino Palma, Ángel Prado y José Luis Vázquez, y a Gregorio Ordóñez, Mariano de Juan Santamaría y Enrique Nieto Vilella, respectivamente, tal y como recuerda el periódico 'ABC'.
Además, de los más de 40 etarras que se beneficiarán de la modificación de la ley, 23 de ellos tienen delitos de sangre, algo que aterra aún más a la AVT y a la sociedad en general. De esta manera, según datos del periódico 'ABC', la lista completa de los etarras que se beneficiarán de la ley, con sus respectivas condenas cumplidas en Francia, es la siguiente:
Jon Mirena San Pedro Blanco (4 años y 10 meses), Balbino Sáez Olarra (7 años y 6 meses), Javier García Gaztelu (6 años y 9 meses), Ainhoa Barbarin Yurrebaso (4 años y 2 meses), Aitzol Gogorza Otaegui (11 años y 6 meses), Gorka Martínez Ahedo (4 años y 8 meses), Irantzu Gallastegui Sodupe (6 años y 3 meses), José Javier Arizcuren Ruiz (7 años y 8 meses), Mikel Mirena Otegui Unanue (6 años y 7 meses), Ismael Berasategui Escudero (11 años y 4 meses), Juan Ramón Casatorre Aldaz (11 años y 11 meses), Francisco Javier Gallaga Ruiz (7 años y 1 mes), Luis Enrique Garate Galarza (12 años y 2 meses), Juan Carlos Subijana Izquierdo (4 años y 8 meses), Jon Kepa Preciado Izarra (6 años y 6 meses), Gregorio Vicario Setien (14 años y 11 meses), Aitor Aguirrebarrena Beldarain (7 años y 3 meses), Félix Alberto López de Lacalle (23 años y 1 mes), Juan Antonio Olarra Guridi (7 años y 10 meses), Idoia Mendizábal Múgica (4 años y 7 meses), Ainhoa Múgica Goñi (4 años y 11 meses), Óscar Celarain Ortiz (7 años y 5 meses), Juan Carlos Iglesias Chouzas (5 años y 7 meses), Andoni Otegui Eraso (5 años y 8 meses), Lexuri Gallastegui Bravo (7 años y 6 meses), Manex Zubiaga Bravo (7 años y 5 meses), Íñigo Vallejo Franco (9 alos y 10 meses), Ainhoa García Montero (10 años y 10 meses), José Lorenzo Ayestarán (5 años), Dolores López Resina (17 años y 4 meses), Juan Luis Rubenach Roig (16 años), Jon Joseba Troitiño (4 años y 11 meses), Beñat Aguinagalde (4 años y 2 meses), Joanes Larretxea Mendiola (4 años y 7 meses), Liher Arechabaleta Rodríguez (4 años y 7 meses), Alaitz Aramendi Jaunarena (13 años y 5 meses), Gorka Palacios Alday (14 años y 4 meses), María Soledad Iparraguire (15 años), Jurdan Martitegui Lizaso (5 años) y Jon Bienzobas Arreche (18 años y 3 meses).
Estaba previsto que la ley fuese debatida y ratificada hoy por el Senado, donde el Partido Popular ostenta mayoría absoluta. Sin embargo, debido al revuelo social iniciado por la alarma de la AVT, el Partido Popular, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara Alta, anunció ayer el aplazamiento de la votación de la reforma legal que estaba prevista para hoy en el Senado.
No obstante, tanto la Constitución como el Reglamento del Senado dictan que la única manera para que no se apruebe una norma y que se devuelva al Congreso de los Diputados es introducir alguna enmienda o veto a la totalidad. Sin embargo, ningún grupo parlamentario había presentado en plazo tales recursos, por lo que el único juego que tiene el PP en el Senado es aplazar la votación para, así, demorar todo lo posible su publicación en el BOE. Aún así, dicha votación no se puede retrasar más allá del próximo lunes, 14 de octubre, cuando vence el plazo para que el Senado se pronuncie; de lo contrario, la modificación de la ley se publicará directamente en el BOE.
Por ello, la AVT ha soliticado al Gobierno de España que retire la tramitación de esta iniciativa, tal y como recoge el Reglamento del Senado, ya que es la única forma en la que se puede frenar la tramitación de un proyecto de ley. No obstante, no se espera que haya movimientos al respecto, por lo que, a más tardar, la normativa se publicará en el BOE la semana que viene para su entrada en vigor.
