El Tribunal Constitucional (TC) abordará hoy la recusación del PP contra el presidente de la institución, Cándido Conde-Pumpido, a quien pretende apartar del debate sobre la Ley de Amnistía. Sobre la mesa, la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que según las fuentes consultadas aboga por rechazar de plano el incidente de recusación por falta de fundamentación suficiente sobre los motivos para dejar al exfiscal general del Estado fuera de las deliberaciones y el fallo sobre la constitucionalidad de la norma.
Pero la incógnita no reside tanto en la suerte que corra la recusación (cuya aprobación garantiza en todo caso el voto de calidad de la vicepresidenta progresista Inmaculada Montalbán y que incluso puede avalarse por unanimidad con un voto recurrente de magistrados conservadores que censure el procedimiento elegido), sino en la controversia generada entre ambos bloques por el modo de abordar las recusaciones, de forma individualizada y no en bloque, como suele ser habitual. Aunque al resolver las abstenciones planteadas por Juan Carlos Campo (la primera de forma individual y las siguientes, agrupadas) participaron en la votación todos los magistrados, incluidos los otros tres que han sido recusados (Conde-Pumpido, la magistrada Laura Díez, ex alto cargo en Moncloa, y el exvocal del CGPJ José María Macías), en esta ocasión no será igual. Los recusados se mantendrán al margen, lo que deja al Pleno con un exiguo quórum (el mínimo imprescindible para poder tomar decisiones) de ocho magistrados. Cuatro conservadores y cuatro progresistas, incluida la vicepresidenta, que en sustitución de Conde-Pumpido ostenta el voto de calidad.
Los magistrados conservadores se quejan –y así lo expresó Macías en un escrito dirigido al presidente del TC en el que alertaba de un posible fraude de ley– de que al abordarse las recusaciones de forma individual –y dado que se da por hecho que las presentadas contra el presidente y Laura Díez serán desestimadas–, Conde-Pumpido podrá pronunciarse sobre las de sus dos compañeros y la ex alto cargo en Moncloa participará en la votación sobre la recusación de Macías por parte de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, lo que no sucederá con el vocal del CGPJ, cuya recusación se debatirá en último lugar tras resolver en el Pleno de finales de octubre la de Laura Díez.
Y es, precisamente, la recusación de Macías –que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado sustentan en su participación como vocal en sendos informes del CGPJ contra la Ley de Amnistía– la más controvertida de las tres que quedan por resolver.
Sin el exministro Campo, el Pleno lo componen seis magistrados progresistas y cinco conservadores, lo que convertiría el voto de Conde-Pumpido en decisivo al resolver sobre la adecuación a la Carta Magna de la Ley de Amnistía. Sin Macías, la diferencia se ensancha y ahuyenta la sombra de García Pelayo, el presidente del TC que con su voto de calidad validó la constitucionalidad de la expropiación de Rumasa por el Gobierno socialista de Felipe González. Una tesitura que el presidente del TC prefiere eludir en la recta final de su paso por el máximo garante de la Carta Magna (en marzo de 2026 expira su mandato).
Si finalmente el Pleno aborda las recusaciones, como está previsto, de forma fraccionada, resolviendo únicamente hoy la que plantea el PP contra Conde-Pumpido (que arrastraría en un Pleno posterior al resto de recusaciones, hasta nueve, contra el presidente), la resolución puede salir adelante con el voto en contra algunos magistrados conservadores o con su respaldo matizado por un voto concurrente. No tanto por no compartir el rechazo de los motivos esgrimidos como por el modo de resolverlos, uno a uno. «Una cosa es el rechazo de la recusación y otra el rechazo del procedimiento», señalan.
Tanto el PP como Macías reclaman que los magistrados recusados estén al margen de la votación sobre el resto de jueces recusados, pero el magistrado conservador cuestiona que, una vez hecho esto (lo que no sucedió en el caso de las abstenciones de Juan Carlos Campo), la decisión de apartarles o no se tome de forma individualizada y sucesivamente. Algo que entiende puede dar la apariencia de que se quiere constituir «Plenos a la carta» que garanticen una determinada mayoría en un asunto de tanta trascendencia social.
