La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha advertido de que el Gobierno está a punto de cumplir la «hoja de ruta» de sus socios, o sea, de ETA.
En un comunicado, la asociación mayoritaria de víctimas alerta de que el Senado aprobará este martes la reforma legal que el entorno de ETA venía reclamando desde hace años: la derogación de la disposición adicional de la LO 7/2014, avalada por el Tribunal Europeo en 2018 tal y como solicitó la AVT, que formó parte, como tercer interviniente, y que impedía que los etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. Es decir, que las Cortes darán luz verde para que desde el 4 de febrero de 2022 un total de 44 etarras puedan descontarse de sus condenas las que ya han cumplido en Francia, lo que podría suponer que siete de ellos sean excarcelados en los próximos meses. Y es que en esa lista de etarra están numerosos sanguinarios de la banda terrorista ETA. Aunque el PP ha asegurado que la va a retirar para así dar un ultimátum para que el Ejecutivo la retire ya que esta es la única opción que hay antes de que entre en vigor.
La AVT recuerda que desde el Gobierno les negaron «categóricamente» que esto fuera a suceder. Por ello, advierten de que esta ya forma parte de una mentira más de las que han perdido la cuenta. «No damos crédito a lo que está sucediendo. Que este Gobierno iba a cumplir esta reivindicación histórica del entorno de ETA y esto iba a suceder tarde o temprano lo teníamos claro, pero… ¿con el apoyo del PP, Vox y UPN? ¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, afectaba también a los etarras? ¿No hay nadie al volante en este país?», se preguntan desde la asociación que preside Maite Araluce. «Queremos pensar que ha sido un error y lo rectificarán en el Senado pero, aunque así sea, sabemos que solo será un parche». Aun así, la AVT advierte de que «tarde o temprano, se cumplirá la hoja de ruta bilduetarra de vaciar las cárceles, y los señores Sánchez y Marlaska podrán presumir toda su vida de ser unas figuras de culto para los etarras».
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, asegura que «el proceso ha sido totalmente transparente desde el principio. Nadie ha engañado a nadie». «Creo que se deberían haber presentado votos particulares para el debate en el Pleno y exigir la vuelta al texto anterior a la enmienda de Sumar que exigía la derogación de la disposición adicional única de la LO 7/2014. Por supuesto, nunca debieron haber votado a favor en el Pleno. Estoy muy contrariado», subraya Portero. Por ello reclama explicaciones de lo ocurrido. «Nos gustaría que alguien nos diera explicaciones de por qué puede haber salido por unanimidad. No se entiende cómo no han estado pendientes de un asunto que afecta tanto a la política penitenciaria de los asesinos de ETA», insiste, y recuerda a los diputados que dieron el visto bueno –del PP, Vox y UPN– que «los españoles los eligieron para parar al Gobierno y a su connivencia con el partido de ETA».
Por su parte, el presidente de la asociación catalana de víctimas de organizaciones terroristas (Acvot), José Vargas, muestra su «indignación» ya que, asegura, «cada vez se va subiendo más el listón y, al final, tendremos que pedir perdón por ser víctimas e indemnizar a los etarras». Además, critica que «desde hace tiempo que está Pedro Sánchez y su subalterno Grande-Marlaska y, desde entonces, a Bildu y a los terroristas les ha tocado la primitiva», subraya.
Desde Covite, el colectivo que preside Consuelo Ordóñez, recuerdan que se trata de un «tema gravísimo» y por ello esperan que, por todos los medios posibles, «hagan todo lo que tienen que hacer los diputados y senadores para que esta barbaridad no salga adelante». Además, inciden en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «ya dijo que no había ninguna excepcionalidad» para que cumplieran sus condenas tanto en Francia como en España para delitos diferentes. Avisan de que esto supondrá «más impunidad para los presos de ETA», con todo lo que conlleva para las víctimas», al tiempo que lamentan que se haya metido de «tapadillo». Por ello, desde Covite reclaman que termine este «atropello al derecho a la justicia» de las víctimas del terrorismo. «No puedo imaginar qué va a ser si vivimos una ‘doctrina Parot II’ con decenas de etarras saliendo a la calle todos los días». Pedimos que, por favor, frenen esto», indica Consuelo Ordóñez. Covite también ha recordado que el Tribunal de Derechos Humanos rechazó en su día la petición de varios etarras presos.
