Las Comunidades del PP ya han acordado el esquema de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se hará en sus autonomías para acceder a la universidad y la han plasmado en un documento de 138 páginas con los requisitos necesarios y que serviría a modo de guía a seguir en 14 de las autonomías y ciudades autónomas. La prueba pretende “garantizar una igualdad de condiciones para los estudiantes, sin importar el territorio desde el que accedan al sistema universitario”.
Esta acción coordinada pretende “profundizar en la homogeneización”, dice el documento, y se implantaría en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla.
La PAU que propone el PP sigue el decreto del Gobierno en lo que respecta a la estructura de la prueba. Es decir, pruebas de 90 minutos de “saberes básicos”, con un ejercicio único por materia, aunque en algunos apartados se podrá elegir entre varias preguntas y tareas. Los ejercicios podrán requerir respuestas cerradas, pero también semiconstruidas o abiertas. En este caso, la puntuación alcanzará, como mínimo, un 70%. El texto elaborado más pone énfasis en un diseño competencial de la prueba para evaluar si el alumno sabe aplicar lo que ha estudiado.
El Gobierno establece en el Real Decreto que regula al PAU que las administraciones educativas y las universidades podrán coordinar criterios de corrección y calificación, con el fin de asegurar su equiparación entre los distintos territorios. Y así lo hace el PP que desarrolla penalizaciones por faltas de ortografía.
Estas penalizaciones estarán limitadas a un máximo de un punto en la nota global del ejercicio, atendiendo a los siguientes aspectos:
Los dos primeros errores ortográficos no serán penalizados, ofreciendo cierto margen de tolerancia a los estudiantes. Sin embargo, cuando un mismo error ortográfico se repita, solo contará como un error. A partir de la tercera falta ortográfica, se deducirá 0,10 puntos por cada error adicional, hasta alcanzar el límite máximo de un punto.
Además, en lo referente a la redacción, coherencia, cohesión y presentación del ejercicio, se podrán deducir hasta medio punto si se detectan problemas en estas áreas, incluidas la incorrección léxica y gramatical.
Este sistema se aplicará de manera general en todas las materias, con la excepción de Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Cooficial y Literatura II y Lengua Extranjera II, las cuales disponen de sus propios criterios específicos de penalización. En el caso de Lengua, la nota bajará hasta dos puntos, como mucho, por la ortografía pero la primera incorrección ortográfica no se penalizará, cuando se repita la misma falta solo contará como una y, a partir de la segunda, se deducirá -0,25 puntos hasta un máximo de dos. Por errores en la redacción, en la presentación, falta de coherencia, falta de cohesión incorrección léxica e incorrección gramatical se podrá deducir un máximo de un punto.
Las autonomías del PP contarán con una herramienta para planificar y estructurar las pruebas que persigue que “las pruebas sean coherentes con los objetivos del currículo”. Es lo que denomina “matriz de especificaciones”, que era obligatoria utilizarla pero que nunca se aplicaba. Determina qué se puede preguntar y cómo se puede corregir. “Actúa como puente entre lo que se enseña y lo que se evalúa, establece la concreción de las competencias específicas asociadas a cada uno de los bloques de contenidos y asegura que las pruebas evalúan adecuadamente los conocimientos que los alumnos deben haber adquirido durante la etapa del Bachillerato”, expone el documento.
