El «Shemsu Hor» («Seguimiento de Horus») era considerado un auténtico acontecimiento en el antiguo Egipto. Una vez al año, el pueblo tenía la oportunidad de ver en vivo y en directo a su faraón mientras recorría las ricas tierras del Nilo para evaluar las posesiones de sus súbditos. El objetivo era supervisar el grano, el ganado o cualquier otra mercancía que poseyeran y recaudar una parte de las mismas para, entre otras cosas, financiar los grandes proyectos de la época, como fue el caso de la Pirámide de Guiza. De esta manera, Egipto fue una de las primeras civilizaciones en disponer de un sistema fiscal estructurado y organizado.
Han pasado más de 5.000 años, y, a pesar de las transformaciones en los métodos de recaudación y la forma de administrar los recursos, el objetivo fundamental de los impuestos ha permanecido prácticamente inalterado: proveer al Estado de los recursos necesarios para financiar el gasto público.
En el caso de España, el desembolso de las distintas Administraciones ha alcanzado dimensiones considerables, situándose actualmente en torno a los 700.000 millones de euros anuales. Para poder sostener este nivel de gasto, el gobierno de Pedro Sánchez, desde su llegada a La Moncloa en 2018, ha acometido más de 80 ajustes («hachazos») fiscales, entre los que se incluyen 62 subidas de impuestos y 19 incrementos en las cotizaciones sociales.
Esta subida en la carga impositiva no solo ha afectado al bolsillo de los ciudadanos y a las empresas nacionales, con los consiguientes efectos indeseados sobre la competitividad, sino que también ha impactado en uno de los capítulos más sensibles a la política fiscal: la inversión extranjera que, a tenor de los datos, no parece sentirse «cómoda» con las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Y como muestra, un botón. Desde la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno y encumbró a Sánchez, en julio de 2018, la inversión extranjera, un factor clave para el crecimiento económico y la creación de empleo, se ha desplomado.
Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el flujo bruto de inversión extranjera ascendió en el primer semestre de 2024 a 11.763 millones de euros, en contraste con los 28.175 millones de euros que se contabilizaron en el mismo periodo de 2018. Por tanto, la inversión extranjera ha disminuido, de esta manera, un 58,3% durante la «Era Sánchez». Sin embargo, el hundimiento es mayor si se tiene en cuenta la evolución de los precios en los últimos seis años. Así, incluyendo el efecto de la inflación, la inversión foránea ha caído en términos reales un 65%.
Y es que los «bofetones» fiscales no han pasado desapercibidos para los inversores internacionales. A las tasas a bancos y energéticas, se sumó el Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que ha llevado a una revisión del Impuesto de Patrimonio, afectando de lleno a los extranjeros no residentes que poseían intereses en España. Una de sus principales novedades fue la inclusión de los no residentes propietarios de inmuebles en territorio español como sujetos pasivos del impuesto, ya fuera de manera directa o a través de estructuras societarias.
El resultado ha sido que en estos dos años desde que entró en vigor el también conocido como «Impuesto a los Ricos», la inversión procedente del exterior ha acelerado su caída, con un descenso de casi un 16% (15,73%). Y es que, tal y como recuerda Tax Foundation, en España, el Impuesto de Patrimonio coexiste con el que se aplica a las ganancias de capital, lo que genera tipos marginales superiores al 100%. Es decir, los impuestos absorben todo el rendimiento de los activos gravados y, al ahorrar, el valor real del patrimonio se reduce. Por tanto, la creación de impuestos adicionales o el aumento de los existentes pueden convertirse en un obstáculo importante para atraer capital extranjero, que es fundamental para financiar proyectos de inversión, generar empleo y dinamizar la economía.
Al analizar los datos por comunidades autónomas, la inversión extranjera desciende en una decena de ellas, siendo especialmente relevantes los retrocesos experimentados por Andalucía y Baleares, dos territorios que hasta ese momento estaban atrayendo capital exterior. Así, en la región que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, la inversión extranjera se redujo en la primera mitad del año un 80% en relación con el mismo periodo de 2022. Mientras, en la comunidad insular, el descenso fue del 51,11%. Murcia y Galicia, otras comunidades donde el Impuesto de Patrimonio disfrutaba de bonificaciones, también han sufrido descensos importantes, con reducciones del 65% y 56,60%, respectivamente. Estos datos contrastan con los de 2022, cuando, por ejemplo, Andalucía experimentó un crecimiento del 56% en la inversión extranjera en comparación con el año anterior, mientras que en Baleares el aumento fue del 87% y, en Galicia, la inversión se cuadruplicó en ese mismo ejercicio.
Otros territorios con retrocesos significativos en el periodo comprendido entre enero y junio de 2024 fueron Navarra, que registró una disminución del 99,77%, Extremadura, con una reducción del 92,59%, y Castilla y León, donde la inversión cayó un 95,4%. Junto a ellas, destacaron también Cantabria, donde la desaceleración fue del 87,37%, y el País Vasco, que registró una disminución del 86,72%.
En contraste, la Comunidad de Madrid ha logrado mantener el flujo inversor e incluso registrar un ligero avance del 0,76% en el periodo comprendido entre enero y junio de 2024 en relación con la misma horquilla temporal de 2022 (y un 2,2% si se compara con el ejercicio anterior). No obstante, si se tienen en cuenta los datos del segundo trimestre, el aumento ha sido superior al 200%. Esta región sigue siendo la que más inversión extranjera capta en el país. Hasta junio, atrajo 7.880 millones de euros, lo que representa el 67% del total nacional (el 75%, tal y como revelan los datos del segundo trimestre).
A pesar de este desempeño positivo, el aumento en Madrid, que representa aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, no ha sido suficiente para compensar el desplome del 16% en la inversión extranjera en el conjunto nacional.
El Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, introducido como una medida para gravar la riqueza de los individuos más acaudalados, se diseñó inicialmente con el propósito de evitar la doble imposición. En las comunidades donde ya existía un Impuesto sobre el Patrimonio, este nuevo tributo actuaba como un complemento, gravando a aquellos que ya estaban sujetos a la carga fiscal del patrimonio. No obstante, en regiones como Madrid, Andalucía y Murcia, donde el Impuesto sobre el Patrimonio estaba bonificado al 100%, o en Galicia (25%), el impacto del nuevo impuesto ha sido significativamente mayor.
Después de que el Tribunal Constitucional desestimara el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra este impuesto, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, suspendiendo temporalmente la bonificación del 100% que se aplicaba en la región, con el fin de que la recaudación de este tributo permaneciera en la comunidad. Esta medida fue acompañada de una reducción en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de compensar a los altos patrimonios por la reintroducción del tributo.
Andalucía, otra de las comunidades que había bonificado completamente el Impuesto sobre el Patrimonio, también modificó su régimen fiscal, ofreciendo a los contribuyentes la opción de pagar el Impuesto sobre el Patrimonio o el nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas.
Este impuesto, originalmente concebido como una medida transitoria para los años 2023 y 2024, fue una respuesta a las dificultades económicas derivadas de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el Real Decreto-ley 8/2023, aprobado el 27 de diciembre, extendió la vigencia del impuesto de manera indefinida, al menos hasta que se revise la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica.
Además, el futuro del impuesto podría volverse permanente si se consideran las propuestas de Sumar, que ha planteado reducir el umbral de aplicación del impuesto, pasando de los actuales tres millones de euros a tan solo uno. En su configuración actual, el impuesto tiene una base imponible progresiva dividida en tres tramos: un 1,7% para patrimonios entre 3 y 5 millones de euros, un 2,1% para aquellos que oscilan entre 5 y 10 millones, y un 3,5% para patrimonios superiores a 10 millones de euros.
Una propuesta que se produce ignorando la tendencia en los países de la UE y de la OCDE, ya que la mayoría ha derogado este impuesto. Así, España es uno de los tres países del Viejo Continente que mantiene este tributo, junto con Noruega y Suiza. Mientras tanto, Francia e Italia gravan ciertos activos, pero no la totalidad de los mismos. Y es que se ha demostrado que el Impuesto de Patrimonio es un tributo cuyo impacto en la recaudación es pequeño (en España representa el 0,51% del total), pero que constituye un fuerte desincentivo para la inversión y alienta la fuga de capitales hacia jurisdicciones fiscales más favorables.
Aunque este tributo fue presentado como una medida para redistribuir la riqueza y promover la justicia social, varios indicadores económicos sugieren que la situación general del bienestar de los ciudadanos no ha mejorado significativamente. Según datos de Eurostat, en 2023, España ocupaba el tercer lugar en la Unión Europea en cuanto al porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, afectando a más de 12,7 millones de personas, lo que representa el 26,5% de la población total. Este dato, junto con la tendencia descendente en la inversión extranjera, pone en duda la efectividad de algunas de las medidas fiscales adoptadas recientemente y plantea interrogantes sobre su impacto a largo plazo en la economía española.
España es actualmente el único país de la Unión Europea que ha elevado tanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como las cotizaciones a la Seguridad Social, afectando tanto a empleados como a empleadores. Las cuotas a cargo del empleador en España representan el 29,9% del salario bruto, muy por encima del promedio del 21% en la UE y del 16,3% en los países de la OCDE. Además, mientras la recaudación tributaria ha aumentado un 27,8% desde 2019, el PIB solo ha crecido un 2,8% en el mismo periodo, lo que refleja un claro desequilibrio entre el aumento de la recaudación y el crecimiento económico.
Desde que Pedro Sánchez es inquilino del Palacio de La Moncloa, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha sido modificado en ocho ocasiones. El Impuesto de Sociedades, por su parte, ha sufrido cuatro aumentos. El IVA también ha registrado subidas en algunos sectores específicos. Durante este periodo, se han creado nuevos impuestos como la «Tasa Google» y la «Tasa Tobin» (impuesto sobre transacciones financieras), así como un gravamen especial sobre la banca y las energéticas o el Impuesto temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Además, se han implementado cambios en los impuestos sobre «Sucesiones y Donaciones» y nuevos «tributos verdes» relacionados con el medio ambiente.
Estas medidas han generado un notable aumento de la presión fiscal en España, situando al país por encima de la media de la Unión Europea y la OCDE en varios indicadores. De esta manera, España realiza un esfuerzo fiscal un 17,8% superior al de la Unión Europea, mientras que la presión fiscal se situará este año en el 39%, según el informe "Competitividad Fiscal 2023", elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Además de las subidas de impuestos bajo el gobierno de Pedro Sánchez, las cotizaciones sociales también han experimentado importantes aumentos, afectando tanto a trabajadores como a empleadores. Las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores alcanzan el 29,9% del salario bruto, una cifra muy superior al promedio de la Unión Europea (21%) y de la OCDE (16,3%). Este aumento, sumado a las subidas de otros impuestos, ha incrementado la presión sobre las empresas y ha impactado en su competitividad. Según el Índice de Competitividad de Tax Foundation, España se encontraba en 2023 entre las economías de la OCDE con peor competitividad fiscal y con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura. En concreto, el año pasado España se situaba en términos de competitividad fiscal en la posición 31 de los 38 países analizados, tres puestos por encima del año anterior, pero todavía ocho puestos por debajo de la posición 23 que ocupaba en 2019 y uno por debajo de la posición 30 en 2021.
La suma de las cotizaciones sociales y el IRPF en España ha elevado la «cuña fiscal» (la diferencia entre lo que cuesta un trabajador a su empleador y lo que realmente percibe) hasta el 59,5% para los asalariados sujetos al tipo máximo de IRPF, lo que sitúa al país muy por encima de la media de la OCDE (47%). Esto implica que una gran parte de los costes laborales se destinan a impuestos y contribuciones sociales, reduciendo el salario neto de los empleados.
Los trabajadores autónomos también han sido afectados por las reformas en el sistema de cotizaciones. En 2023, entró en vigor un nuevo sistema basado en los ingresos reales de los autónomos, con el fin de ajustar las cotizaciones a sus ingresos. Esto ha supuesto una mayor carga para aquellos con ingresos más altos.
Un «infierno fiscal» que persigue cuadrar las cuentas públicas y reducir los déficits crónicos de la economía española sin tocar un ápice el desbocado gasto.
