El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha salido a denunciar públicamente "el cambio de criterio" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, "de un tiempo a esta parte, se niega a recurrir los terceros grados" concedidos a presos de ETA y que considera "que no se atienen a la ley".
Como hicieron cuando se conoció las liberaciones de los reclusos etarras Harriet Iragui y Luis Mariñelarena, la asociación insiste en que al no cumplirse el requisito imprescindible de arrepentimiento por sus crímenes, no se les puede dar, como ha hecho el Gobierno vasco con la complacencia del Ministerio Fiscal, este beneficio penitenciario que los ha colocado en la calle.
Iragui fue condenado por tres asesinatos en el año 2000 en Andalucía como miembro del comando etarra que actuaba en aquella época en la región.
Arrebató violentamente la vida al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena; al del que era fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero García, y al coronel del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos.
El segundo fue condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del PSOE vasco Fernando Buesa y al agente de la Ertzaintza que ejercía de su escolta Jorge Díez Elorza.
La crítica de la entidad que preside Consuelo Ordoñez se dirige ahora al Ministerio Público al confirmarse que han decidido no recurrir la autorización de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, en manos de la socialista María Jesús San José, de dos antiguos miembros de la banda terrorista que "no están arrepentidos" y siguen "vinculados a la izquierda abertzale".
Reprochan así a la Fiscalía de la Audiencia que con ello no cumpla con su función fundamental de ser "la institución que debe velar por el derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo en la fase de ejecución de las condenas".
Prueba de todo ello, recordó, es que solo ha recurrido uno de los 23 terceros grados otorgados a condenados por terrorismo etarra, cuando anteriormente impugnó "bastantes más".
Covite muestra su desconcierto y se pregunta "a qué se debe este cambio de criterio" por parte de la Fiscalía y ha subrayado que el resultado es la concesión de la semilibertad "a etarras que no lo merecen".
