Las recusaciones en los recursos contra la Ley de Amnistía han ahondado la brecha entre los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de uno y otro signo. Tras pasar página a las abstenciones en bloque del exministro de Justicia Juan Carlos Campo -que por decisión de la mayoría progresista se aprobaron con la participación del resto de magistrados recusados-, la corte de garantías debe abordar ahora las restantes, empezando por las que intentan apartar del debate al presidente de la institución, Cándido Conde-Pumpido.
A diferencia de lo que sucedió en el caso de Campo, Conde-Pumpido ha decidido ahora que los magistrados recurridos (incluido él mismo) se aparten de la votación de las recusaciones. Pero, y ahí es donde han aflorado de nuevo las discrepancias, en lugar de abordarse de forma conjunta se harán de manera individual, comenzando con la recusación de Conde-Pumpido en el Pleno del próximo martes y continuando en sesiones posteriores con las que afectan a la magistrada Laura Díez (como el presidente y Campo, recusados por el PP y sus comunidades autónomas) y el exvocal José María Macías, a quien Abogacía del Estado y Fiscalía quieren dejar fuera de los recursos contra la amnistía por haber participado en sendos informes, como vocal del Consejo, en contra de la norma.
Contra ese "fraccionamiento de la decisión sobre las recusaciones" ha alzado la voz uno de los recusados, el magistrado conservador José María Macías, para quien esa decisión alienta la apariencia de la constitución de "Plenos a la carta", que califica de fraude de ley, para "asegurar una determinada composición" del tribunal a la hora de abordar una cuestión de "intensa relevancia social" y de "perfiles sencillamente históricos".
Conforme a ese criterio, se queja Macías en un escrito remitido al presidente del TC, los cuatro magistrados recusados "estaremos lógica y correctamente excluidos de participar" en la recusación de Conde-Pumpido, pero en caso de ser rechazada, señala, "parece que usted podrá participar en un Pleno posterior en el que se decida sobre la recusación" de Laura Díez y si posteriormente "decide después fraccionar la decisión relativa a las recusaciones de la magistrada y la mía, anticipando la de ella, tanto usted como la magistrada Díez participarán en mi recusación, pero yo no en la suya ni en la de la magistrada".
Ese criterio de ordenación, asegura, "no sólo suscita mi rechazo, sino también una honda preocupación justificada por la intensa relevancia social del asunto en el que se han planteado las recusaciones". Para Macías, de esta forma se puede generar "la indeseable apariencia de conformación de Plenos a la carta para asegurar una determinada composición" del tribunal que finalmente decida sobre la constitucionalidad de la polémica norma.
Esa apariencia, añade, se incrementa "cuando se tiene en cuenta la insólita conducta de la Abogacía General del Estado, de la que no puede presumirse la ignorancia del derecho, para elegir el momento irregular en el que ha presentado su recusación" contra él.
"En un asunto de perfiles sencillamente históricos, como es el que se relaciona con la llamada Ley de Amnistía -argumenta-, entiendo necesario extremar la prudencia para no facilitar que se abonen discursos que pretendan que la formación del tribunal obedece a dejar fuera de él determinadas opiniones o concepciones jurídicas, no por haberlas expresado en el pasado, algo que desde la perspectiva de la doctrina de nuestro tribunal es legítimo e irrelevante, sino sencillamente por haberlas tenido", asegura respecto a los motivos de Fiscalía y Abogacía del Estado para recusarle.
Macías pide a Conde-Pumpido que en el orden del días del próximo Pleno incluya también las recusaciones que se han presentado en relación a Laura Díez y contra sí mismo, "en las que no deberemos participar ninguno de los magistrados recusados ni el magistrado ya abstenido". Pero, subraya, insiste en que las tres recusaciones pendientes "sean sometidas a la consideración de un próximo Pleno en el que puedan ser resueltas de forma conjunta, según el criterio general vigente en este tribunal".
De lo contrario, si se sigue adelante con ese criterio a la hora de decidir sobre las recusaciones, advierte el exvocal del CGPJ, podríamos estar ante "un fraude de ley dirigido precisamente a provocar la asimetría que rechazo y que explicaría lo que insisto en calificar de comportamiento procesal insólito".
