La vivienda se ha convertido en una prioridad transversal. El Gobierno, pero también todos los partidos han asumido que se trata de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por la frustración que provoca por inaccesible y por los altos precios de los alquileres. Por ello, todos, de un lado al otro del espectro ideológico, se han apresurado a tratar de dar una respuesta con sus propias recetas. Pedro Sánchez ya lanzó guiños en clave electoral durante las campañas de 2023 y en la configuración del actual Ejecutivo creó una cartera específica sobre esta cuestión, al frente de la que colocó a Isabel Rodríguez.
Tras seis años en el poder de fuerzas progresistas el escenario no ha mejorado. No obstante, el Gobierno tiene un margen de maniobra bastante acotado en esta cuestión, porque las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas –en su mayoría en manos del PP–, por lo que cualquier legislación que se impulse a nivel nacional –como ocurrió con la Ley de Vivienda– queda después al albur de que las regiones decidan si la aplican o no. Solo Cataluña ha hecho uso de la norma, mientras que el resto de autonomías, algunas también del PSOE, han evitado su implementación por las dudas que genera sobre su efectividad.
En este contexto, la ministra Rodríguez amenazó la semana pasada a las regiones, que calificó de «insumisas» con la ley, con condicionar la recepción de los fondos públicos que reciben para nutrir sus políticas de vivienda –entre un 70 y un 75% es inyección estatal– a que aplicasen la norma en vigor. Esto generó un profundo malestar en las regiones del PP con la titular de Vivienda, que se enfrenta a una situación de profunda debilidad en la negociación porque tampoco tiene el respaldo de sus socios. La presión le llega a Rodríguez por ambos flancos, porque también sus aliados, dentro y fuera de la coalición, le están apretando para que comparezca en el Congreso sobre una cuestión que califican de «emergencia nacional».
Fuentes del Ministerio de Vivienda piden «margen» para articular la forma en la que Rodríguez acabe dando explicaciones en el Parlamento. No tiene sentido negarse ni enrocarse, porque hacerlo no frustrará la comparecencia, sino que solo servirá para exhibir su profunda soledad. Los socios están dispuestos a forzar su intervención, por lo que se valora que ésta se produzca a iniciativa propia. En políticas de vivienda, la parte socialista no está alineada con sus aliados habituales. Hay conflicto por la paternidad de las medidas y, de hecho, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en mayo con la reforma de la Ley del Suelo que había pactado con el PP cuando el partido de Feijóo acabó retirándole su apoyo en vísperas de las europeas. Otras manifestaciones de Rodríguez, en concreto, cuando pidió «solidaridad» a los propietarios para rebajar el precio de los alquileres, también han generado fuertes críticas dentro de los partidos que integran la mayoría de la investidura.
Y en este punto, es Sumar quien busca arrastrar a la ministra a un debate en el Congreso, sabedor también de que la presión social existente es un «clamor» y que son temas en los que el partido de Yolanda Díaz debe dar la batalla tanto en el Consejo de Ministros como en las calles. Es por eso que empujan para que Rodríguez comparezca por sí misma en la Cámara Baja. Si bien fueron ERC, Bildu y BNG quienes primero solicitaron su comparecencia, lo cierto es que la situación entre aliados se torna más insostenible al ser el partido minoritario de Gobierno quien presiona a la ministra de Vivienda para comparecer. De hecho, fuentes del espacio de Díaz aventuran que están dispuestos a apoyar la solicitud de comparecencia de los aliados en el caso de que en un espacio razonable de tiempo el Gobierno no ordene un debate sobre el tema, o bien monográfico o en comisión. Este punto, el de apoyar la comparecencia de la ministra, generaría un choque en el Gobierno, e incluso un incumplimiento del acuerdo de coalición, dado que ninguno de los dos socios –PSOE o Sumar– puede o debe señalar públicamente a un mismo miembro de su gobierno. Si bien, fuentes parlamentarias explican que prefieren que la ministra acuda voluntariamente para evitar esa fotografía. Será la semana que viene cuandola Junta de Portavoces decida al respecto. Y es que esta comparecencia podría salir adelante con el apoyo del PP. «Esta discusión va a tener lugar en pleno», aseguró el portavoz Íñigo Errejón. «La emergencia nacional de la vivienda es difícilmente sostenible y, frente a las movilizaciones convocadas para el 13 de octubre, que creemos que van a ser masivas, el Parlamento no puede seguir callado», insistió este martes. Fuentes del partido se muestran «optimistas» en cuanto a que la ministra acuda por si misma, y explican que presionaron al PSOE para conseguirlo.
Sumar ha elevado la presión sobre la ministra hasta el punto de que ha puesto en la diana su acción gubernamental. Alienta a la movilización para la manifestación de la próxima semana, a la que acudirá una delegación de diputados. A la vez, el partido reconoce que hay un «contexto» que en los últimos tiempos les favorece y que ello les hace estar «muy cómodos» en debates de este tipo.
