Aunque, públicamente, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado en varias ocasiones que "no contempla" acabar con el modelo mutualista de Muface, la realidad va por otro lado. Una cosa es matar y otra, dejar morir; y por ahí va la cosa. Muestra de ello es la más que insuficiente propuesta económica del Ministerio de Función Pública, a instancia del Gobierno de Pedro Sánchez, para renovar el concierto: un 15% más del presupuesto del anterior, que se queda muy por debajo de las expectativas de Muface (26%) y está en las antípodas del 40% de subida mínimo piden las tres empresas aseguradoras que soportan el modelo para no seguir perdiendo unos 200 millones al año.
Por ello, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) lleva tiempo advirtiendo de que "el fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública está firmado en los despachos del Gobierno de coalición".
En el marco de las negociaciones entre Gobierno y compañías aseguradoras para la renovación del modelo Muface, la oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras - y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas-, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", señalan en un comunicado.
En 2022, la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años, según recoge uno de los informes de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ASPE. Esto supone un aumento de más de tres años y medio respecto a una década atrás, pues en 2013 era de 54,2. Según este informe, “el incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria".
Sin embargo, Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad y número 2 de Mónica García, ha afirmado muy recientemente que "este paciente mutualista no tiene una alta complejidad de cuidados crónicos", avalando con sus palabras la posibilidad de que el sistema público pueda asumir a partir del 1 de enero, "con la financiación adecuada", casi 1,2 millones nuevos de pacientes mutualistas beneficiarios del modelo que hoy en día (suponen el 78% de los 1,5 millones de funcionarios) reciben asistencia sanitaria en el ámbito del aseguramiento y la provisión sanitaria privada.
Para ASPE, esta oferta remunerativa "busca de forma deliberada que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector sanitario privado, que no aceptaría unas condiciones exiguas para no prestar un servicio asistencial sin la calidad adecuada".
Tal y como están actualmente las negociaciones, con una postura inflexible por parte del Gobierno que, además, fía su inadecuada propuesta económica a la aprobación de los Presupuestos Generales, y la negativa de las aseguradoras a seguir perdiendo dinero a espuertas, el peligro de que estos meses sean los últimos de modelo mutualista es más real que nunca.
Además, hay que tener en cuénta que la financiación insuficiente que ha arrastrado Muface durante los últimos años ha generado una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras han seleccionado de forma más restrictiva sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se han visto obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las tarifas actuales. Para ASPE, el potencial incremento de la prima debería servir para reconducir ambas situaciones.
"El incremento de la prima por parte de Muface debe ir dirigido a garantizar un cuadro médico completo en todo el territorio nacional y que los mutualistas reciban un servicio de calidad con acceso efectivo a todos los servicios y especialidades”, ha señalado Carlos Rus, presidente de ASPE.
Para la patronal, la clave está en equiparar la prima del mutualista (984 euros) con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros, para poder garantizar la sostenibilidad del sistema.
El modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.
