La violencia sexual contra la infancia y sus consecuencias generan unos costes anuales mínimos de 4.500 millones de euros en España, equivalentes al 0,31 % del PIB, según un estudio de Educo y la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas. El informe, "¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia", revela el impacto económico de las agresiones sexuales tanto en las víctimas como en la sociedad.
El estudio busca cuantificar el coste económico que esta violencia causa en diferentes ámbitos: social, educativo, judicial y sanitario, y también intenta estimar el daño inmaterial que sufren las víctimas a lo largo de su vida, incluyendo la pérdida de oportunidades y el coste emocional, que podrían haberse prevenido si se hubieran detectado a tiempo. El informe señala que el 17,29 % de la población ha experimentado violencia sexual en la infancia, uno de cada seis menores. En 2023, se denunciaron 9.185 casos, pero se estima que hubo otros 77.407 incidentes que no llegaron a ser reportados.
Los costes se dividen en dos categorías principales. Por un lado, se estima que los "gastos incurridos" suman 1.275,6 millones de euros, que abarcan tanto los casos detectados como ciertos costes de los no denunciados a partir de la prevalencia total. Dentro de estos gastos, se evalúan los costes sanitarios (808 millones en atención psicológica y psiquiátrica, enfermedades crónicas, adicciones y urgencias), educativos (63 millones), sociales (casi 312 millones para la protección del menor) y judiciales (más de 92 millones en justicia y servicios penitenciarios).
Sin embargo, hay otros costes que no se han cuantificado, como la necesidad de educación especial, el bajo rendimiento académico, el absentismo escolar y los gastos asociados al desempleo juvenil y la reinserción social. Por ello, los investigadores han considerado que las cifras son mínimas y se presentan como una aproximación conservadora.
Además de los 1.275 millones de euros en costes directos, la investigación ha asignado un valor económico a los "daños de difícil monetización", como la pérdida de productividad y el sufrimiento emocional de las víctimas y sus familias, que se estima en 3.178,2 millones de euros. El informe también destaca que la violencia sexual provoca pérdidas que no se pueden traducir en cifras económicas. "Destruye oportunidades, limita la participación social, afecta la cualificación profesional y genera un profundo sufrimiento tanto en las víctimas como en sus familias. Estos impactos, aunque difíciles de cuantificar en términos monetarios, representan un costo social significativo para el país a largo plazo", advierte el informe.
El estudio critica que España sigue atrapada en estructuras sociales que dificultan la denuncia de estos casos. A pesar de que se estima que uno de cada seis niños y niñas sufrirá violencia sexual antes de los 18 años, solo un pequeño porcentaje de los casos se denuncia. Macarena Céspedes, directora de investigación e incidencia de Educo, afirma que el presupuesto destinado a la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia debe ser considerado una inversión con beneficios claros para toda la sociedad.
