La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de posponer la resolución sobre el futuro de la investigación a Begoña Gómez ha generado un profundo malestar en el Gobierno. «Es un despropósito», señalan. El aplazamiento se produjo por la ausencia de parte de la documentación requerida para tomar una determinación y esto generará irremediablemente algunas semanas de dilación sobre la fecha prevista –el pasado lunes 30– en las que la mujer del presidente del Gobierno mantendrá la condición de investigada. Sin rehuir el choque, más bien reincidiendo en las críticas contra el instructor de la causa, y desde un altavoz gubernamental como el de la mesa del Consejo de Ministros, el Ejecutivo volvió ayer a abonar el conflicto entre poderes, redoblando sus ataques.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cargó contra el juez Juan Carlos Peinado, acusándole de llevar «seis meses pedaleando en la nada» e insistió en encuadrar todos los acontecimientos en una campaña para desgastar a Pedro Sánchez. En el Ejecutivo califican como «un capítulo más» en el que «ya nada sorprende a nadie» el aplazamiento sobre el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid y mantiene que «no hay caso». «Cuando echamos la vista atrás vemos que llevamos seis meses de instrucción pedaleando en la nada donde además se ha solicitado un informe a la Guardia Civil, en este caso dos informes sólidos y solventes donde trasladan lo que venimos diciendo desde el primer momento, que no hay caso», insistió la ministra.
No obstante, desde el Ejecutivo evitan confirmar si irán más allá del ámbito declarativo, esto es, si este último episodio servirá de base para ampliar la querella por prevaricación que ya presentó la Abogacía del Estado contra el instructor del caso después de que no se permitiera a Sánchez declarar por escrito como testigo en su condición de presidente. «No vamos a anticipar estrategias procesales», resuelven. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha puesto fecha, convocando una vista el próximo martes, 8 de octubre, para decidir si la admite a trámite. Se trata de la segunda de las querellas que llegaron al TSJM contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez –por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios–y cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, que también apoya que el TSJM abra una investigación. El ponente de la futura resolución del tribunal será el magistrado Francisco José Goyena.
Por el momento el TSJM ya ha abordado la primera de las querellas que llegó contra Peinado, en su caso por presunta revelación de secretos, sin que haya transcendido el fallo, que no se prevé conocer hasta que la resolución esté redactada, según fuentes jurídicas. Y queda una tercera querella, la interpuesta por Begoña Gómez por un presunto delito de prevaricación continuada por las decisiones que ha ido tomando el juez Peinado como instructor de la causa que abrió contra ella a petición del autodenominado sindicato Manos Limpias.
Precisamente, en el Gobierno hacen hincapié en esta cuestión y vuelven a insistir en el relato de los hechos, recordando que todo parte de una denuncia presentada por una organización «ultraderechista» basada en «recortes de prensa» que busca «una operación de acoso y derribo contra el presidente del Gobierno y su entorno más próximo» a la que se sumaron posteriormente, según reprochan, partidos como PP y Vox. En este sentido, Alegría también resaltó ayer que la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso y, por tanto, mostró convencida de que «la Justicia y la verdad pondrán las cosas en su sitio».
La escalada judicial –con la querella– y verbal –con los ataques continuados a la instrucción– comprometen también al Gobierno, pues es rehén de lo que acabe decidiendo la Audiencia Provincial de Madrid. Cualquier pronunciamiento que no vaya encaminado al archivo será un duro varapalo. Sobre todo ante posicionamientos tajantes de varios portavoces oficiales y ministros, como el de Justicia, Félix Bolaños, que han llegado a atacar la investigación, calificándola como una «persecución inhumana y cruel» contra Sánchez y su familia.
Este tipo de ataques ya se granjearon el apercibimiento de la propia Comisión Europea, que el pasado mes de julio se hizo eco en su informe sobre el Estado de derecho en España de la preocupación que existe en la judicatura por los ataques en declaraciones de políticos, incluido el Gobierno, contra el poder judicial. En este documento advirtió del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. «Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad», señaló en su dictamen.
Junto a la portavoz compareció ayer el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, que fue interpelado –en su condición de magistrado en excedencia– por esta cuestión, en concreto, sobre si estima oportunas las críticas emitidas desde su propio Gabinete –representante del poder Ejecutivo– contra el poder Judicial al que perteneció. Marlaska se zafó de la cuestión, asegurando que cualquier integrante de un poder del Estado en el ejercicio de sus funciones «puede ser objeto de crítica», aunque siempre –puntualizó– desde «el respeto» y manteniendo la «independencia» entre poderes. «Creo que eso es salud democrática, lo contrario me preocuparía, si no sería factible la crítica a cualquier resolución judicial», zanjó.
