El juez del "caso Koldo" tiene que decidir si cita a declarar como testigos a los autores de la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las adjudicaciones a la empresa de la trama, un informe que señala a su antecesor al frente del ministerio, José Luis Ábalos. A la inicial petición de la Fiscalía en este sentido se ha sumado ahora la Asociación Liberum, que en un escrito presentado en la Audiencia Nacional ha instado al magistrado Ismael Moreno a que reclame a Transportes que identifique a los "autores y colaboradores" del dictamen del pasado febrero sobre los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y Adif, y que se les cite a declarar como testigos.
La asociación, que ejerce la acusación popular en la causa, pretende que, además de "aclarar y ratificar el contenido de la auditoría", ilustren al instructor sobre "la ausencia de albaranes o actas de recepción y entrega de las mascarillas a los destinatarios finales" y en relación a la emisión de los certificados de distribución por parte de Puertos del Estado y Correos.
Esa auditoría determina que Transportes no tiene constancia documental del destino final de 2,8 millones de mascarillas por las que Puertos del Estado y Adif desembolsaron 7,2 millones de euros, puesto que "no dispone de los correspondientes albaranes o actas de entrega a los destinatarios finales". Ese dictamen señala que "a pesar de esta falta de control documental", Puertos del Estado "procedió al pago de todas las facturas" de Raminatrans sin que conste, por otro lado, "un acta formal de conformidad y liquidación final".
La acusación ya ha solicitado al magistrado que abra una pieza separada para investigar el destino de cuatro millones de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, por las que Transportes pagó diez millones de euros, todas ellas sin que consten albaranes de entrega ni actas de recepción. Además, pretende que se esclarezca qué papel jugó Raminatrans, la empresa de logística que se encargó de transportar el material desde el aeropuerto, en la distribución de las mascarillas. La auditoría de Puente atribuye esa tarea a Correos (que en diciembre de 2020 certificó que distribuyó 2,3 millones de mascarillas), pero según puso de relieve la acusación no existe albarán de esa entrega de Correos a las comunidades autónomas destinatarias del material sanitario.
En el escrito dirigido ahora al instructor, reclama asimismo que la Agencia Tributaria aporte "la totalidad de las facturas emitidas" por Soluciones de Gestión en 2020 y 2021 y todos los recibos de la compra de mascarillas.
Según pone de relieve, debe aclararse lo manifestado por el exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo en su declaración como testigo, cuando afirmó que su grupo compró 1,2 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión por 2,8 millones de euros. Esas cifras, recalca, "no cuadran" con las que incluye la querella de Anticorrupción, que recoge que la empresa de la trama facturó en 2020 un total de 53,1 millones de euros por las adjudicaciones bajo sospecha a distintas administraciones, por lo que considera que no disponía de stock para vender más de un millón de unidades al Grupo Globalia.
Del mismo modo, ve necesario solicitar a la empresa de la "trama Koldo" -que se embolsó más de 50 millones de euros en adjudicaciones para la compra de mascarillas por parte de Transportes, Interior y los gobiernos autonómicos balear y canario de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres- la entrega al juzgado de las "actas o albaranes de recepción y entrega a sus destinatarios finales" de los cinco millones de mascarillas suministrados a Adif. Para acreditar así, argumenta su abogado, el número total de unidades que llegaron a manos de Raminatrans.
