El debate migratorio está en el centro de la agenda política española, tal y como recoge la última encuesta del CIS, que sitúa la inmigración como principal preocupación de los españoles. Si bien, no todo está ahora mismo centrado en el propio modelo migratorio, donde el bloque de la derecha (ponen más exigencias a los inmigrantes para entrar en España) y el bloque de la izquierda albergan bastantes diferencias, sino que va más allá y también se ha colado el posible traspaso de competencias a la Generalitat de Cataluña, que reclama Junts para dar apoyo al Gobierno. En este aspecto ha querido entrar también el PP, que ha registrado una proposición no de ley (PNL) para retar al PSOE a debatir y votar en el Congreso sobre el traspaso de competencias migratorias a Cataluña.
En concreto, la PNL del PP consta de dos puntos: por un lado, insta al Gobierno a «confirmar la existencia de competencias exclusivas no delegables por parte del Estado», que quedan recogidas en el artículo 149.1. de la Constitución y, entre ellas, aparecen la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; y, por otro lado, «garantizar» que el control sobre «los permisos de residencia, los requisitos lingüísticos y la gestión de las fronteras son aspectos fundamentales de la política migratoria que deben ser competencia exclusiva y no delegable del Estado».
De esta manera, el PP busca blindar las competencias del Estado en materia migratoria ya que ahora está en el aire qué puede pasar tras la negociación iniciada entre Junts y el Gobierno sobre esta carpeta. Las negociaciones entre Gobierno y Junts se han acentuado desde enero de este mismo año, ya que es una exigencia de los posconvergentes que quieren cobrarse el peaje por el apoyo que dieron para salvar dos decretos.
En la exposición de motivos de la PNL, el PP asegura que es «inconstitucional» el traspaso de las competencias migratorias a la Generalitat porque son «exclusivas y no delegables» para el Estado. En este sentido, los populares recogen que el artículo 150.2 de la Constitución sí habilita al Estado a «transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal», pero asegura que inmigración no encaja en ese marco. De hecho, Junts se acoge al 150.2 como vía para conseguir la cesión de las competencias migratorias. Por tanto, el debate jurídico-constitucional, como con la Amnistía o la financiación singular para Cataluña, va a volver a estar presente con este ámbito.
«Consideramos especialmente relevante que el Gobierno ponga en valor y garantice la exclusividad de dichas competencias por parte del Estado Central», subrayan los populares en la iniciativa, registrada el pasado 20 de septiembre. Todavía no hay fecha prevista para el debate y votación en la Comisión Constitucional. En todo caso, también cabe recordar que el traspaso de las competencias migratorias también ha generado bastante división entre Junts y Esquerra y eso puede acabar dificultando la articulación legislativa.
Con la ILP para regularizar a medio millón de migrantes, que ha concluido ya el periodo de presentación de enmiendas, se ha podido ver cómo los grupos parlamentarios incluían sus principales planteamientos sobre el modelo migratorio. En este sentido, Junts también incorporó en esas enmiendas una referencia al traspaso de competencias a la Generalitat para que se pueda diseñar en Cataluña su propio modelo.
