El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de acción por la democracia, el compendio de medidas que Pedro Sánchez se comprometió a impulsar tras sus días de reflexión y que ha visto la luz casi cinco meses después. El documento, que se ha negociado con los socios parlamentarios, cuenta con 31 medidas que se incardinan en tres ejes: "ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar una información veraz y, por último, un refuerzo de la transparencia del poder legislativo y sistema electoral".
En cuanto a los medios de comunicación, el Gobierno busca conocer quién está detrás de los mismos y cuánta financiación y con qué origen reciben. En concreto, se promoverá la creación de un registro de medios de comunicación, en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Se establecerá la obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y se establecerán límites a la cuantía que estas administraciones pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de las mismas.
El órgano encargado de supervisar y tutelar este registro será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a quien se le otorgarán nuevas atribuciones que no ostenta en la actualidad para realizar esta fiscalización. "La ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia honestas". El Gobierno bebe del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación que se aprobó en 2023 en el seno de la Unión Europea.
