El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de acción por la democracia, el compendio de medidas que Pedro Sánchez se comprometió a impulsar tras sus días de reflexión y que ha visto la luz casi cinco meses después. El documento, que se ha negociado con los socios parlamentarios, cuenta con 31 medidas que se incardinan en tres ejes: "ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar una información veraz y, por último, un refuerzo de la transparencia del poder legislativo y sistema electoral".
El documento no deja de ser una declaración de intenciones. El Gobierno se da tres años, los que restan de legislatura en caso de que se culmine, para ir acometiendo las reformas que componen el plan. Tampoco aporta mayor concreción sobre las mismas, más allá de establecer una enumeración de prioridades. "Es difícil aterrizar todo al detalle", ha llegado a reconocer el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa. Y ni siquiera tiene hoy asegurados los apoyos parlamentarios para sacarlo adelante. "Todavía hay que trabajar un texto", reconocen en Moncloa.
Entre esas intenciones, quizá la más relevante es una reforma integral del Código Penal, en los artículos que afectan al derecho de liberad de expresión y a la creación artística. Esto es, los que se refieren a las instituciones del Estado, delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, "con el objetivo de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal". El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado que "en el desarrollo de la reforma llegaremos hasta la regulación específica" sobre el delito de injurias a la Corona. También se prevé retomar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de los artículos de la llamada "ley mordaza" en lo relativo a la utilización de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En la misma línea, se promoverá una reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la reguladora del derecho a la rectificación para luchar contra "noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados", agilizando la resolución de los conflictos. "Son dos leyes que están obsoletas. Reconociendo de manera amplia y compartida que son dos leyes que no dan respuesta a lo que precisamos, hay que aprobar dos nuevas leyes orgánicas", ha señalado Bolaños, para apuntar que "cuando haya difamaciones y bulos, el ciudadano que se vea afectada pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva".
