No es una polémica nueva. El hecho de que las enfermeras puedan prescribir determinados medicamentos ha sido una lucha histórica del colectivo. Y es que, aunque en muchos países las enfermeras cuentan con todas las garantías legales para hacerlo, en España el proceso ha enfrentado numerosas resistencias. La herida se ha vuelto a abrir hace menos de un mes con la autorización por parte de la Dirección General de Salud Pública y Equidad del Ministerio de Sanidad de la Guía que valida a las enfermeras para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos para tratar las infecciones del tracto urinario en mujeres (ITU). Esta información, que se recoge en la guía publicada en el BOE el 19 de agosto, está agitando el sector y provocando una situación extremadamente tensa entre médicos y enfermeras.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) era de los primeros en manifestarse. El 9 de septiembre anunciaba que recurrirá esta guía por considerar que el diagnóstico y tratamiento «son una competencia exclusiva» de la profesión médica. "Hay que recordar que, tanto la legislación europea como la española, reservan en exclusiva a médicos, odontólogos o podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, la facultad de instaurar tratamientos con medicamentos sujetos a prescripción médica y, todo ello, en base a proteger y garantizar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes", indican.
Para ellos, la prescripción de fármacos "es un acto médico para el que se requiere la formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años especialización", lo que otorga una "garantía para la seguridad de los pacientes". E insistían en la importancia de utilizar de manera correcta y responsable la terminología en torno a competencias y funciones para no confundir a los pacientes y la población en general: "No es lo mismo indicación que prescripción".
Este recurso se sumaría a los interpuestos en 2022 por parte del Consejo General de Médicos con relación a las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica en hipertensión y diabetes por parte de las enfermeras. En 2023 recurrió la guía sobre medicamentos de anticoagulación oral.
En declaraciones para LA RAZÓN, Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos, indica que: "En ningún párrafo en el Real Decreto pone nada de prescripción. Es indicación, uso y autorización de dispensación. La prescripción corresponde al médico. Y no por una ventaja corporativista, sino como consecuencia de la formación que hemos adquirido en conocimientos y competencias a lo largo de un mínimo de 11 años". Y añade: "Resulta paradójico que estemos pidiendo a los médicos que se aumenten años de formación especializada porque consideramos que los conocimientos y competencias que hay que adquirir son cada vez mayores y que, por otro lado, parezca que estemos restando importancia a un hecho nuclear en el sistema como son las atribuciones que tenemos". El máximo representante de los médicos enfatiza que "el papel de la enfermera es un papel absolutamente esencial en los cuidados".
Ante las actuaciones y declaraciones públicas del colectivo médico, la respuesta del Consejo General de Enfermería (CGE) no se ha hecho esperar. El mismo día 9 de septiembre, el máximo órgano de representación de las enfermeras lamentaba, en un primer comunicado, que distintos estamentos médicos hubieran intentado "desprestigiar y, en algunos casos, paralizar en los tribunales, la prescripción por parte de las enfermeras de algunos medicamentos y productos sanitarios en áreas en las que los profesionales de enfermería desempeñan un importante rol".
"Lejos de esta intención alarmista y lesiva para la sociedad y los pacientes, estas actuaciones de las enfermeras suponen un beneficio indudable en la atención sanitaria, pues agilizarán distintos procesos asistenciales y se garantiza un seguimiento más estrecho del paciente", indicaban. En esta línea, Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, manifestaba que estas actuaciones "favorecen una atención sanitaria eficaz y ágil. Es una prescripción colaborativa, bien definida y que no implica riesgo alguno para el paciente, como algunos quieren hacer creer en un discurso alarmista y algo retrógrado".
El Consejo General de Enfermería pedía "atenerse a la legislación estatal -Real Decreto 954/2015- que regula la indicación de productos de prescripción por parte de enfermeras y enfermeros, una norma aprobada con gran consenso político y profesional". En declaraciones para LA RAZÓN, el CGE insiste en su indignación con el hecho de que se aluda a la seguridad del paciente como argumento en contra de la prescripción.
En medio de este cruce de comunicados, algunos organismos también han querido dejar clara sus posturas al respecto. Tal es el caso del Consejo General de Farmacéuticos, el Sindicato de Enfermería SATSE, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o el mismísimo secretario de Estado de Sanidad, entre otros.
SEMERGEN emitió un comunicado a los pocos días de la aprobación de la Guía mostrando su rechazo. Advertían de que la prescripción de medicamentos “no solo implica la elección del fármaco adecuado, sino que es el resultado final de un proceso que se inicia con la anamnesis o exploración física y la realización de pruebas clínicas, que continúa con un planteamiento diagnóstico y finalmente termina con un plan de manejo terapéutico”.El Consejo General de Dentistas y el Consejo General de Farmacéuticos apoyaban esta postura anunciando que presentaría un recurso administrativo contra la guía enfermera de indicación de medicamentos para la infección urinaria. “Las citadas guías atribuyen al personal de enfermería competencias como el seguimiento farmacoterapéutico que la legislación reserva a los farmacéuticos”, exponían los farmacéuticos en el comunicado enviado el 10 de septiembre.
A la proliferación de posturas contrarias a la Guía se sumaba la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Aunque reconocían que las enfermeras son profesionales con un alto nivel de conocimientos, capacidades y ética, con autonomía y responsabilidad, señalaban como “falso” el hecho de que estas guías den soporte legal a una práctica que ya existe. “Actualmente, enfermería administra medicamentos bajo prescripción y supervisión médica y estas guías autorizan a Enfermería a diagnosticar y tratar a los pacientes sin supervisión médica”, explicaban. CESM hacía hincapié en que "para valorar la clínica de los pacientes, diagnosticarlos y prescribir tratamientos de forma autónoma no basta con estudiar farmacología: hay que tener la formación propia del médico". Y concluía: “La sustitución de médicos por personal de Enfermería busca reducir costes de personal y paliar la relativa escasez de médicos en la sanidad pública, pero solo conseguirá incrementar su salida hacia la sanidad privada.
Ante este bombardeo de posturas en contra, se manifestaba Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Padilla respondía a través de X al comentario de un usuario que aseguraba que, “en la vida real, las enfermeras no quieren hacer nada de eso, ni recetar ni tratar con el médico”. “Todo esto viene por la falta de médicos y la intención de sustituirlos pasando su trabajo a otras categorías”, opinaba el internauta, a quien el secretario de Estado de Sanidad le expuso tres ejemplos concretos para rechazar sus argumentos y recordarle que “la prescripción enfermera no es para sustituir a los médicos”. El secretario de Estado de Sanidad explicaba que la prescripción enfermera es un “avance competencial imparable" porque no es algo sanitario, "sino una dinámica que lo excede, un factor de estímulo para todas las categorías y profesionales y el lugar donde surgen formas mejores de hacer las cosas”.
SATSE también manifestaba públicamente su incomprensión ante “el rechazo injustificado, alarmista e irresponsable de algunas organizaciones colegiales”. Y argumentaba que las guías de indicación enfermera han surgido del consenso entre enfermeras, médicos y otras profesiones sanitarias cumpliendo con todas las garantías establecidas en los reales decretos que desarrollan la Ley del Medicamento respecto a la participación de las enfermeras en la prescripción de fármacos sujetos a prescripción médica. “El Sindicato lamenta la postura obstruccionista y poco veraz que trasladan en sus declaraciones públicas algunos dirigentes de organizaciones colegiales que lo único que consiguen es alarmar de manera injustificada a la ciudadanía. En ningún caso, la aplicación de las guías conlleva falta de seguridad o riesgos para las personas”, recalcaba el comunicado.Toda esta polémica culminaba con el segundo comunicado emitido por el Consejo General de Enfermería en el que anunciaba que demandará a los representantes de los médicos que ataquen la prescripción enfermera de medicamentos. Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, ha asegurado: “La Organización Colegial de Enfermería no va a consentir más desprecios a la capacidad y preparación de las enfermeras españolas. Tomaremos todas las medidas jurídicas para hacer valer nuestros derechos y nuestro desarrollo profesional. Parece que hay estamentos médicos que quieren retroceder, no ya al siglo XX, sino al XIX, con tal de mantener sus privilegios. Basta ya de negar el sentido común y de no conocer la realidad de la práctica clínica”.
