Gibraltar votó masivamente y en solo una dirección en el referéndum de junio de 2016. Fue el lugar donde más porcentaje de votos recibió la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea (95,9%) y uno de los que sigue temiendo las consecuencias que puede tener la salida. El asunto no es baladí ya que el Peñón, cuya frontera con España es la única terrestre –junto con la de Irlanda– une ahora al Reino Unido con el bloque comunitario. Desde el Brexit, el futuro de Gibraltar está en el aire y la negociación para lograr un acuerdo lleva meses copando titulares sin que se anuncie la esperada «fumata blanca».
Y para intentar desencallarlo, hoy en Londres, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá con el laborista David Lamy en el que será su primer encuentro de trabajo entre ambos. No en vano, los dos ya mantuvieron un cara a cara en Washington el 7 de julio, en los márgenes de la cumbre de la OTAN.
Fuentes diplomáticas aseguran a LA RAZÓN que durante la reunión que mantendrán en la residencia oficial «se retomarán las negociaciones para avanzar en el acuerdo para Gibraltar». Además, también abordarán asuntos bilaterales entre España y Reino Unido, así como la situación en Oriente Medio y Ucrania. En el marco de este viaje, el ministro también aprovechará para visitar el nuevo Consulado español en Londres.
Es más que probable que durante la bilateral no se alcance ningún acuerdo definitivo, pero servirá para desatascar una negociación que lleva meses en «stand by». La llegada de los laboristas al Gobierno británico, unido a que tanto en España como en el Peñón está sentada en el Ejecutivo una fuerza de izquierda, fue interpretado como un signo de avance de cara a las negociaciones. Nada más lejos de la realidad.
El objetivo último de la negociación es la creación de una zona de prosperidad compartida entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, para lo cual está prevista la supresión de la Verja. A cambio, los controles de acceso al espacio Schengen deberían trasladarse al puerto y al aeropuerto de Gibraltar, donde en un primer momento habría presencia de agentes de Frontex, la agencia de fronteras europea. Este es uno de los puntos más espinosos junto con el uso del aeropuerto y la base militar en el Peñón. El Gobierno gibraltareño de Fabian Picardo ha dicho en numerosas ocasiones que la idea de que haya «botas españolas sobre el terreno» es una profunda línea roja, ya que rememora los tiempos del régimen de Franco, cuando se cerró la frontera en 1969, dejando a muchas familias divididas.
El Brexit obliga a Madrid y al Peñón a encontrar una solución. Alrededor de 30.000 personas cruzan a diario la Verja. Entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles de una zona como la del Campo de Gibraltar. De hecho, el futuro acuerdo preocupa a los alcaldes de la región. El más crítico con esta negociación es José Ignacio Landaluce, senador por la provincia de Cádiz y alcalde de la ciudad de Algeciras desde 2011. Se ha convertido el mayor azote al Gobierno durante las negociaciones con Reino Unido tras el Brexit. En una reciente entrevista con LA RAZÓN, reclamó una mayor información respecto a lo que se está negociando y pidió un acuerdo que no hipoteque el futuro del Puerto de Gibraltar. «Me preocupa que Gibraltar sea un puerto europeo para unas cosas y para otras no. Es decir, que se apropie de las normas que le interese y las ponga en marcha, según le convenga o no ser miembro de la Unión Europea», señaló .
Sin todavía fecha para que se celebre la siguiente negociación a tres bandas con el comisario Maros Sefcovic, el tiempo apremia. Por un lado, la actual Comisión Europea, que es quien negocia en nombre de la UE, tiene fecha de caducidad –noviembre o, como muy tarde, diciembre– mientras que el próximo 10 de noviembre entrará en vigor el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés), que restablecería los controles en la Verja.
