El marco parlamentario de este nuevo periodo de sesiones, tras el golpe añadido a la inestabilidad –ya crónica en Madrid– que ha supuesto la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, está obligando a hacer cambios en las estrategias de oposición de todos los partidos.
En el ámbito de la derecha, la conclusión a la que han llegado en Génova es que es el momento de dar un giro a los ejes de la política contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y empezar a jugar más en el terreno de la alternativa.
Esto es algo que ya venían reclamando desde hace tiempo algunos dirigentes con peso en la formación popular, esgrimiendo como argumento que ya en las últimas elecciones generales de julio de 2023 había quedado agotada esta vía de concentrar toda la oposición en el discurso anti-Sánchez.
Para este nuevo trimestre, el equipo «legislativo» del PP trabaja con la instrucción de buscar las vueltas a la política de Sánchez en temas sociales, con dos objetivos principales: la vivienda y la conciliación.
La intención es llevar al Parlamento propuestas que puedan concitar el apoyo de los actuales socios del Gobierno, de modo que se acumulen las derrotas para Moncloa, semana tras semana.
[[QUOTE:PULL|||Quiere llevar al Congreso propuestas que puedan concitar el apoyo de los socios del Gobierno]]
El control de la Mesa del Congreso de los Diputados, órgano de gobierno de la Cámara, otorga al PSOE el poder de frenar la tramitación de proposiciones de ley presentadas por la oposición: si ésta fuera capaz de sacar leyes contra el criterio del Ejecutivo, no habría ninguna estrategia, ni siquiera de Sánchez, capaz de frenar la extinción de la coalición.
Pero, en todo caso, aunque no puedan sacar leyes, un marco en el que Moncloa acumule semanas hábiles en la Cámara Baja que queden marcadas por las derrotas es un pozo negro para cualquier Ejecutivo y del que es muy difícil escapar sin un corrosivo desgaste.
La explicación que dan en la dirección popular es que la Ley de Amnistía ya está encarrilada, en manos de los jueces y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que esto hace conveniente dar este giro a la estrategia de oposición para conectar incluso emocionalmente con todos aquellos votantes que puedan sentirse decepcionados con la política que están llevando a cabo los socialistas.
Con esta idea, en la diana han puesto a los jóvenes, que son los más afectados por la vivienda o por los problemas de conciliación, por ejemplo. En esto último, el PP mete la «cuchara» cuando patronal y sindicatos están negociando la reducción de la jornada laboral.
Para arrimar el debate hacia su terreno, echan mano, por ejemplo, del Informe «Employer Brand» de Randstad, un documento que sostiene que el 50 por ciento de los trabajadores españoles abandona las empresas por la falta de conciliación, y también de los datos del INE, que confirman que la natalidad volvió a caer en 2023 un dos por ciento, ratificando así la tendencia a la baja de la última década que solo se vio interrumpida en 2014.
Además, en 2023 España destacó por ser el país europeo con más nacimientos de madres de 40 años o más edad.
[[QUOTE:PULL|||Pone el foco en los jóvenes, pero también en los votantes decepcionados con las políticas del PSOE]]
La fiscalidad es otro capítulo en el que, en teoría, los de Alberto Núñez Feijóo podrían tener margen para acercar posiciones con PNV y Junts, pero ahí se percibe más desconfianza en cuanto a la posibilidad de tejer alianzas.
Ahora mismo, Hacienda trabaja con el objetivo de encontrar la vía de convertir en impuestos, y permanentes, los gravámenes a la banca, a las energéticas (con las bonificaciones negociadas por los nacionalistas vascos) y a los grandes patrimonios.
Tienen que ser ley, pero ante la dificultad de sacar una norma en esta tesitura parlamentaria, el Gobierno puede tener la tentación de colar esta medida, compleja técnicamente, en una ley ya en tramitación o con la transposición de una directiva europea con valor de ley, como es el caso, por ejemplo, de la que está pendiente de llevar al Congreso de los Diputados sobre el establecimiento de un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.
En materia fiscal, el Ejecutivo de coalición puede utilizar el mecanismo de doblegar la voluntad de los independentistas catalanes, incluido Junts, ofreciéndoles las mismas exenciones para su territorio que ya negociaron con el PNV para el País Vasco.
Y que sea en el resto de España donde se haga efectivo su diseño de la mayor imposición para los «ricos». En la medida en que el Gobierno lo tiene todo cogido por alfileres, aunque ya haya empezado las conversaciones presupuestarias con PNV y Junts, el PP tiene terreno para ensayar maniobras de aproximación a estos partidos, que en el mejor de los casos serían solo coyunturales, pero que siempre les serán útiles para conseguir su objetivo político si dejan en minoría al PSOE.
Esta construcción de una alternativa, reclamada desde algunas baronías del partido desde hace tiempo y que presentará la próxima semana, se consolida como camino para los próximos meses en paralelo a que también se asienta en la ejecutiva popular la idea de que Sánchez no está para caer a medio plazo. Hay quien lo presenta aún con menos optimismo para sus intereses: «Esto va para largo».
