El Gobierno de Países Bajos sigue la estela del Ejecutivo de coalición alemán y planea introducir medidas drásticas para combatir el fenómeno migratorio. Aunque quiere ir más allá. Los planes anunciados ayer por el Gabinete del primer ministro Dick Schoof buscan endurecer los controles fronterizos, imponer castigos de «ojo por ojo» a los «alborotadores» y restricciones a la reagrupación familiar que impedirían a los hijos adultos reunirse con sus padres, además de dedicar una especial atención a las devoluciones forzosas, entre otras medidas.
La coalición de gobierno, liderada por los ultras del Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, claro ganador de las elecciones legislativas del pasado noviembre, designó ministra de Migración y Asilo a Marjolein Faber. Diputada y antes senadora de la formación antiinmigración, Faber detalló a través de un mensaje de vídeo que su objetivo es ejecutar «la política de asilo más estricta de la historia». Entre los argumentos que esgrimió figuran los cuellos de botella en la vivienda, la atención sanitaria y la educación que experimentan los ciudadanos neerlandeses.
La hoja de ruta, explicó la ministra, pasa por «declarar legalmente una crisis de asilo, lo que me permitirá tomar medidas para combatirla». Una ley de emergencia de este calado permitiría al Ejecutivo tomar medidas sin esperar a la aprobación del Parlamento.
«Países Bajos debe pertenecer a la categoría de Estados miembros con las normas de admisión más estrictas de la Unión Europea», reza el programa del Gobierno. Con este fin, La Haya pedirá a la Comisión Europea la exclusión voluntaria de las políticas de asilo y migración de la UE. una petición que se enviará a Bruselas la semana que viene, según adelantó ayer Schoof, exjefe de los servicios de inteligencia. «No podemos seguir soportando la gran afluencia de inmigrantes a nuestro país. Estamos viviendo una crisis de asilo», dijo el primer ministro, en defensa de la medida de emergencia y la proyectada ley de crisis de asilo.
El sucesor del liberal Mark Rutte, sin previa experiencia política, evitó poner una cifra a la disminución de la afluencia que quiere lograr, y en su lugar dijo que el Gobierno evaluaría la necesidad de la ley de crisis «comprobando regularmente cómo está Países Bajos en ese momento».
Faber, fiel creyente de la teoría racista del gran reemplazo, dijo que quiere detener los permisos indefinidos; acortar los procedimientos; limitar la reunificación familiar «sustancialmente, para una proporción muy grande de solicitantes»; y acelerar las deportaciones de «solicitantes de asilo criminales». El programa también propone un cambio en la legislación sobre vivienda para impedir que los solicitantes de asilo con permiso de residencia tengan acceso prioritario a viviendas sociales en virtud de ese estatuto, con el fin de «aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario».
La oposición ya ha tachado de «antidemocrático» el plan de la titular de Migración y Asilo. El Consejo Holandés para los Refugiados reconoció el jueves a través de un comunicado estar «profundamente preocupado» porque «los refugiados pagarían un alto precio» por las medidas. Las cláusulas de fuerza mayor están ahí para las guerras o los desastres naturales, mientras que los problemas de asilo del país son consecuencia de decisiones políticas, argumentó la organización. «No hay un número inesperadamente elevado de solicitantes de asilo en los Países Bajos. No hay fuerza mayor, sino falta de voluntad política», zanjó el Consejo.
