La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de prisión al exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por prevaricación y malversación agravada por 24 contratos que sumaron 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia (CJM) entre 2005 y 2011. La Sección Primera de la Sala Penal condena por el mismo delito, aunque como cooperadores necesarios, a penas de tres años y medio de cárcel a cuatro exaltos cargos de este proyecto: Isabelino Baños, que fue director general técnico; Alicio de las Heras, exdirector financiero; Andrés Gómez Gordo, que estuvo al frente del área de Seguridad); y el exasesor jurídico Félix José García de Castro. El tribunal, que ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, ha absuelto al ex subdirector general táctico Mariano José Sanz. porque considera que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.
Según recoge la sentencia, Prada, Baños, De las Heras y Gómez Gordo deberán indemnizar a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40,4 millones de euros, montante del que deberá responder de forma subsidiaria Félix García de Castro.
"El fracaso del proyecto del CJM se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna para comprobar a posteriori que la sociedad no tenía recursos suficientes para acometer su objetivo. Y entre esos gastos que esquilmaron a CJM se encuentran los contratos objeto de este juicio", sostiene el tribunal.
Para la Sala, la participación de Alfredo Prada en los 24 contratos objeto de este juicio está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos en representación de CJM, sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo.
La sentencia señala que fue Prada quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster antes de la contratación y quien decidió contratarlo "sin justificación alguna, no tanto referida al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas". Y aunque contó con el apoyo de todo el Consejo de Gobierno en este punto, matiza, la contratación de Foster & Partners se llevó a cabo "sin tener en cuenta el coste añadido de los consultores con los que trabajaba el estudio de arquitectura, Buro Happold y Gleeds Ibérica, a los que se pagó su trabajo sin ningún tipo de contrato previo y sumó más de tres millones de euros al coste de la contratación de Foster & Partners".
Para la Audiencia Nacional, los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación del proyecto de construcción del Campus de la Justicia, llevaron a cabo una intensa actividad de contratación en la que "obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable" y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea.
Los contratos, dice la Sala, se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la justicia "dejó de ser el objetivo principal" para convertirse en un "pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos" cuyo objetivo era más publicitar el proyecto del Campus, y en especial el proyecto encargado a Foster & Partners, que la propia ejecución del proyecto.
Esos contratos, según la Sala, "en nada" beneficiaban el objeto social por múltiples razones, entre ellas "la absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto (como las exposiciones organizadas por la Fundación Arte Viva y el caos de contratación de publicidad aparejada) o por su excesivo coste, que supera completamente la capacidad económica de la sociedad". También, añade, "por su inutilidad de cara al objeto social" y por su "inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto".
Para los magistrados, el precio que se pagó por esos contratos "se distrajo de su legítimo fin hasta el punto de que el proyecto del CJM, la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto".
La Audiencia considera de "suma gravedad" la malversación en la que incurrieron los acusados, dado que solo el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio (Buro Happold, Gleeds Ibérica, The Bank) costó a las arcas públicas más 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza, como indica el Letrado de la Comunidad de Madrid, la cantidad de 40.482.735,78 euros.
