El bombardeo de recursos de las comunidades autónomas en el Tribunal Constitucional (TC) contra la amnistía saca este pulso del ámbito de una pelea entre Génova y Ferraz y coloca al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ante el trabajo de tener que desactivar cada uno de los recursos de los equipos jurídicos de los distintos gobiernos autonómicos. Además, le complica la decisión de no atender las recusaciones presentadas contra varios magistrados del Alto Tribunal. En los gobiernos autonómicos coinciden en defender que Pumpido tendrá complicado tumbar todos y cada uno de estos recursos «sin poner más en riesgo el prestigio que le queda» al Alto Tribunal.
En esta ofensiva de comunidades del PP –«que Pumpido tiemble»– se ha colado también la Junta de Castilla-La Mancha, que ayer formalizó, casi al tiempo que Madrid, su recurso en contra de la amnistía. Una acción concertada que «colapsa» la agenda del TC, aunque habrá que ver si afecta o no a los tiempos de que se conozca el dictamen final. En el órgano de garantías advierten de que no habrá un pronunciamiento antes de medio año, en el mejor de los casos.
Pumpido reclamó la pasada semana el máximo respeto político e institucional ante sus decisiones y su independencia, justo cuando el tribunal se dispone a abordar los primeros recursos. En los próximos días se espera que admita a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que interpuso el Supremo contra el primer artículo de la ley por el delito de desórdenes públicos, antes de que haga lo mismo con el recurso del PP.
En principio, cabe suponer que la respuesta que el TC dé al Supremo, y en la que ya se recogerá si la ley de amnistía es constitucional, será la que marque el camino para el resto de los recursos.
Fue el pasado mes de julio cuando la Sala Segunda se dirigió al TC al considerar que el artículo 1 de la Ley de Amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad y a los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. El Supremo acudió al Constitucional tras estudiar el caso de dos condenados debido a desórdenes públicos por hechos ocurridos en Girona, tras la sentencia que condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del «procés».
En este proceso, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse, ya que en los informes sobre los indultos a los condenados por el «procés» defendió que la amnistía era claramente inconstitucional. El ex ministro ya se apartó también en noviembre de 2023, cuando la ley estaba en proceso de negociación, por el recurso de amparo que había presentado un particular.
Después de la toma de posesión de José María Macías, líder del bloque conservador del CGPJ en el anterior mandato, el Constitucional cuenta con sus 12 magistrados, que serán los que decidirán sobre el futuro de la ley de amnistía, con la excepción del ex ministro Campo. En su recurso, el PP solicita también que se aparte Conde-Pumpido y la magistrada Laura Díez, nombrada a propuesta del Gobierno y que en el pasado fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia.
En cuanto al análisis político de estos movimientos, destaca la decisión de Page de sumarse a las comunidades del PP, lo que eleva el choque con Ferraz después de que en el último Comité Federal del partido también tildase de inconstitucional el concierto catalán. Page ya trasladó el pasado 31 de mayo su intención de pedir al consejo consultivo de la Junta el informe preceptivo previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Una decisión que se materializa a pesar de que todos los diputados de la federación socialista que dirige votaron a favor de la medida de gracia durante su tramitación parlamentaria, acatando así la disciplina de voto del PSOE.
Page ha encabezado en solitario las críticas contra la amnistía, y ahora contra el concierto catalán, con el único apoyo del líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán. Este último está de salida de sus responsabilidades orgánicas y esto ha ayudado a que mantenga su postura combativa contra los acuerdos del PSOE con los independentistas. Cosa que no ha sucedido con otros barones socialistas que amagaron con la revolución después de conocerse el contenido del pacto del PSC con ERC en relación a la financiación singular para Cataluña.
La convocatoria del Congreso federal del PSOE, y los posteriores congresos regionales, sí han pesado sobre el dirigente madrileño y el extremeño, Juan Lobato y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, a la hora de que contengan su ímpetu disidente.
