Comunidades autónomas y sindicatos educativos arrancan el curso con una situación de incertidumbre por el cupo catalán, ya que cunde el temor de que se reduzca significativamente la cantidad que se dedique a servicios públicos esenciales, como la educación.
Entre los más críticos se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ya ha encargado informes sobre el impacto económico, que cuantifican en 1.500 los millones a recortar, con el concierto catalán.
También el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sido muy crítico y ha advertido de que el acuerdo podría tener un impacto negativo significativo en la financiación de los servicios públicos en Andalucía.
El sindicato profesional de profesores ANPE, el mayoritario en la escuela pública, ha reclamado medidas para preservar la educación del contexto de incertidumbre en el que se ha iniciado el curso escolar 2024-2025 a causa del complejo escenario político y social. En este sentido, la organización sindical ha reivindicado al Gobierno central y a los autonómicos que garanticen la financiación necesaria del sistema público de enseñanza con el fin de asegurar la calidad de la educación en todos los territorios del Estado.
«Frente a este panorama incierto y ante la creciente tendencia a derivar a los centros escolares la búsqueda de soluciones a una amplia variedad de problemas sociales que sobrepasan el ámbito educativo, resultan imprescindibles la participación y la coordinación de las distintas administraciones públicas para fortalecer el sistema de enseñanza», ha exigido su presidente, Francisco Venzelá.
El sindicato también ha instado al conjunto de los responsables políticos a la búsqueda del consenso necesario para alcanzar, con la participación del profesorado, «un acuerdo de mínimos que dote de la necesaria estabilidad y perdurabilidad al sistema educativo y permita poner fin a la brecha entre comunidades autónomas, disminuir la elevada tasa de abandono escolar y mejorar el rendimiento del alumnado».
El sindicato CSIF también ha reclamado que se despejen dudas sobre la financiación en la educación tras el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas. «Nos preocupa que no se discuta sobre servicios públicos porque el dinero que se transfiere a las autonomías es, precisamente para que los garanticen», recalca el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. «Si vemos que hay una infrafinanciación en la educación el Gobierno nos tendrá enfrente», avisa Gutiérrez.
El responsable sindical también ha alertado de otra circunstancia, como es el alto grado de interinidad que tiene la profesión. Y es que el 31 de diciembre expira el plazo que ha dado la Unión Europea a España para que reduzca el porcentaje de interinos al 8 por ciento y, sin embargo, la cifra sigue estando aún muy por encima, a pesar de que estamos a pocos meses de la fecha límite impuesta.
