El juez del «caso Koldo» tomará declaración esta semana como investigados al que fuera jefe de personal de ADIF Michaux Miranda y al expresidente de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, interrogará el miércoles a partir de las 09:30 horas tanto a Miranda como a Sánchez Manzanares, después de reagendar la citación de este último, que inicialmente iba a comparecer el martes. Estaba previsto que el juez también tomase declaración el lunes como investigado al que fuera subsecretario de Estado de Transportes Jesús Manuel Gómez. Con todo, reagendó su citación al 23 de septiembre después de apartar a la Abogacía del Estado de su defensa.
El magistrado también tomará declaración este jueves como testigo al que fuera CEO de Globalia Javier Hidalgo. El juez interrogará el viernes desde las 09:30 horas como testigos al presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo; a la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del organismo, Aránzazu de Miguel; y a la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez.
Fue a finales del pasado mes de mayo cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que citase a todos ellos. En lo relativo a los investigados, el Ministerio Público aseguraba que del último informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la causa se desprendía que «podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas».
Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga entre otros a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
