Tener un brillante currículum laboral no garantiza ser un buen gestor. José Luis Escrivá acumula en procesión cargos de prestigio, que ha sacado adelante con solvencia a lo largo de los años y que le han permitido acceder al controvertido puesto con el que culminará su carrera: gobernador del Banco de España. Pero mezclar una carrera profesional con la política no le ha hecho ningún favor a este economista –licenciado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con premio extraordinario de licenciatura–, que ha acumulado desde que Pedro Sánchez le incorporara a su Gobierno una larga lista de reformas sin concluir, medidas que se han quedado a medias, múltiples encontronazos –incluidos algunos con el mismo Banco de España que ahora va a dirigir– y sonados fracasos, que no han sido pocos. Todo suma una lista muy larga.
Se puede empezar por el macrofondo público de pensiones, que fue anunciado a bombo y platillo y, cuatro años después, mantiene su plataforma a medias, no ha captado fondos y ni siquiera tiene una fecha fija para arrancar, pese a que se apresuró en dejar en mínimos los incentivos de los planes de pensiones privados, perjudicando a millones de beneficiarios españoles.
En segundo lugar, Escrivá se despidió como ministro de Seguridad Social con la mayor deuda acumulada por el sistema social, pese al recórd de recaudación de las cotizaciones del que se ha beneficiado. El agujero en las cuentas de la Seguridad Social alcanza los 116.000 millones de euros, un 9% más que hace un año, por lo que la reducción del déficit contable no ha redundado en una mejora de la situación patrimonial del sistema, que se ha sostenido gracias a las transferencias que ha recibido del Estado.
Y una de las principales causas de que la deuda no disminuya tiene que ver con el gasto en pensiones, que ha sufrido una aumento exponencial sin que la reforma impulsada por Escrivá haya resuelto su problema de sostenibilidad. Es más, su reforma no contempla a tres décadas vista ninguna disminución del gasto y se limita subir y subir los impuestos y las cotizaciones año a año, sin otro método de compensación. Una falta de sostenibilidad que ha sido criticada con dureza por organismo oficiales, como el Banco de España o la Airef, y prestigiosos como Fedea, el IEE o Funcas, e incluso la Unión Europea, que advirtió en su Informe de Envejecimiento de 2024 que sus medidas «multiplican por dos el déficit del sistema previsto» y «no garantizan los fondos necesarios para cubrir las pensiones durante los próximos 25 años». Por tanto, España será el país de la UE con el mayor aumento del gasto en pensiones por culpa de esta reforma que, según apunta el informe, «elevará el gasto hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en todo el periodo de proyección», que alcanza hasta 2070. La dura más crítica llegó por la decisión de indexar la subida anual de las pensiones en base al IPC y, sobre todo, la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023 por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), porque «no compensa ni garantiza la sostenibilidad a largo plazo».
No menos decepcionante ha sido la implantación del ingreso mínimo vital (IMV), que se ha convertido en un sonoro fiasco, del que se ha beneficiado menos del 15% de los ciudadanos que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y que tienen derecho a solicitarla. Una cifra absolutamente alejada de las previsiones del Gobierno. Expertos, analistas y ONG advirtieron a Escrivá del deficiente diseño de esta prestación, pero este hizo oídos sordos a sus propuestas, que pasaban por modificar el periodo de cómputo de los ingresos y aumentar sus cuantías y umbrales, flexibilizar los requisitos de patrimonio, generalizar los incentivos al empleo y, sobre todo, simplificar procedimientos y requisitos, y readaptar la fiscalidad. A nada de eso hizo caso durante su mandato.
Tras dejar Seguridad Social, Pedro Sánchez le entregó las carteras de Transformación Digital y Función Pública. Apenas ha estado unos meses, pero su paso ha sido duramente criticado por sindicatos, funcionarios y empresarios, al haber dejado sin ni siquiera avanzar asuntos que requerían soluciones inmediatas.
Aunque la responsabilidad final de los desatinos en Función Pública corresponden a María Jesús Montero, las organizaciones sindicales han cargado duramente contra Escrivá por su falta de diálogo y resolución. No ha agilizado una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales de personal de la Administración, ni negociado la eliminación de la tasa de reposición, y sigue sin cumplirse el compromiso de reducir la temporalidad al 8% a finales de este año desde el 30% actual –el doble que en el sector privado–. Tampoco ha habido un nuevo acuerdo salarial entre los funcionarios, ni han culminado los procesos de estabilización en las administraciones públicas, ni implantado la jornada de 35 horas, ni desarrollado de la Ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño de los funcionarios o la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que debe establecer en la normativa básica aspectos como la homogeneización de la promoción interna o la carrera profesional, entre muchas otras cuestiones sin resolver.
En Transformación Digital deja sin concretar el despliegue de los fondos europeos, la reordenación del espectro radioeléctrico o el Programa Único-Banda Ancha. Y ni siquiera le ha dado tiempo a aprobar una de sus medidas estrella en su último Ministerio: la «app» para verificar la edad y vetar el acceso de menores al porno con la primera versión de la aplicación móvil «Cartera Digital Beta». Pendiente queda también.
