En medio del debate político sobre la inmigración irregular que está dominando este inicio de curso, la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó ayer su Memoria correspondiente al año 2023 presentada durante la apertura del Año Judicial. Como viene siendo habitual, uno de los capítulos está relacionado con la llegada de menores no acompañados a nuestro país. Coincidiendo con las quejas de varios gobiernos autonómicos, especialmente el canario y el ceutí ante el colapso de sus sistemas de acogida, los datos de las fiscalía provinciales dan la razón a las quejas de las comunidades ante el elevado número de menores no acompañados. En total, un total de 4.865 menores migrantes no acompañados llegaron a España el año pasado por vía marítima, un 104,8% más que en 2022.
La Fiscalía alerta del «importante incremento» de las Diligencias preprocesales de Determinación de la Edad. Así, en el 2023 indica que se han incoado un total de 7.422, frente a las 4.805 tramitadas durante el 2022. De ellas, 2.436 han resultado ser mayores, 3.231 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran y 1.755 han concluido sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias. Precisamente, la Fiscal delegada autonómica de Canarias en este punto destaca que uno de los «mayores esfuerzos» llevados a cabo por esta Fiscalía durante el año 2023 ha sido la relativa a la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados. En este punto, explica que, aunque la Comunidad Autónoma de Canarias ya venía soportando un «importante» flujo de llegadas de inmigrantes a través de embarcaciones precarias desde el año 2020, ha sido el año pasado, y en especial a partir del mes de agosto, cuando las islas de Tenerife y El Hierro han soportado una «más que considerable» llegada de cayucos, con una media de 100 personas diarias. En este sentido, denuncia que la provincia de Tenerife se vio «totalmente desbordada de un día para otro», a partir del mes de septiembre, para hacer frente a un «número ingente» de expedientes para la determinación de la edad. Así, durante el primer semestre del año, en la provincia de Tenerife se incoaron un total de 236 expedientes, pero entre los meses de septiembre a noviembre se incoaron 1.284 expedientes.
En la provincia de Las Palmas, además de los expedientes resueltos, se ha continuado realizando un ingente trabajo respecto de los casos pendientes de 2022 (cuando fueron incoados un total de 1.021 expedientes). Concretamente de los resueltos, 100 han sido decretados como mayores de edad y 199 como menores de edad. En la provincia de Tenerife, como consecuencia de que en el año 2022 solo fueron incoados un total de 175 expedientes, no existía previamente ninguna pendencia de años anteriores.
Precisamente, ante esta circunstancia, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias ha llevado a cabo una gran gestión con el fi de atajar el problema consiguiendo tanto medios materiales como personales, que permitieran desatascar la situación, especialmente vivida en la Fiscalía Provincial de Tenerife.
En esta misma línea, agrega que, por el Cuerpo Nacional de Policía se ha informado de la realización de un total de 577 pruebas de ADN para establecer el vínculo de 650 filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores sin pruebas fehaciente de ello.
También agrega que en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre 2023, figuraban inscritos un total de 12.878 bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, frente a los 11.417 del año 2022, de los cuales 10.570 son niños y 2.308 niñas. La mayoría procedente de Marruecos (4.083), Senegal (2.159), Ucrania (1.778) y Gambia (1074), «apreciándose, por tanto, un incremento respecto a años anteriores».
A tenor de los datos que están haciendo públicos las Comunidades Autónomas este año, todo apunta a que se superarán estas cifras en 2024. A las ya conocidas y constantes quejas de los gobiernos de Canarias y Ceuta, ayer se sumó el de Baleares.
El Govern balear y los Consells insulares lanzaron un grito de auxilio al Gobierno de España ante la llegada de menores migrantes no acompañados y la saturación de los recursos. «Puede que lleguen menores no acompañados las próximas semanas y no tendremos dónde ubicarlos», afirmó la líder del Ejecutivo balear en declaraciones a los medios después de presidir la segunda reunión de la Conferencia de Presidentes de los Consells insulares, en la que se firmó una declaración institucional con las peticiones que hacen estas instituciones al Gobierno de España.
