En medio de las críticas del Gobierno a la investigación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en contra del criterio de la Fiscalía y sustentada por las acusaciones populares, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reclamado que la instrucción de las causas pase a manos de los fiscales (uno de los ejes de la reforma procesal en marcha) y ha cuestionado el papel de la acusación popular, que según ha dicho "permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales" aquellas investigaciones "en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal".
El fiscal general del Estado ha abogado por poner en marcha la reforma legal que deje en manos de los fiscales la instrucción de las causas. "España necesita un cambio de modelo procesal penal", ha insistido. "El sistema, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no funciona en el contexto actual", ha lamentado, respecto a "un procedimiento que tuvo su razón de ser en unas coordenadas decimonónicas, pero que ahora no es eficaz ni eficiente ni garantista".
"En todas las democracias occidentales y también en la nuestra", ha recordado, "la repercusión mediática del proceso penal convierte en ocasiones a éste en un instrumento de confrontación". "Se trata de una figura positiva, en principio", ha precisado, aunque "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él". "Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo", ha matizado.
En este sentido, ha ensalzado "el papel fundamental y el valor de la Fiscalía como balance y actor, este sí público y trasparente, desprovisto de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad, en la promoción de la acción de la Justicia".
El fiscal general -pendiente de que el Tribunal Supremo decida sobre su imputación por revelación de secretos por la difusión pública de las negociaciones con la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para alcanzar un acuerdo de conformidad a cambio de reconocer los delitos fiscales que le imputa la Fiscalía- ha hecho hincapié en la "información veraz" que proporciona el Ministerio Público "frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa" para combatir "la desinformación, la mentira y el infundio".
En este punto, ha insistido en que "no podemos bajar la guardia en la lucha contra la corrupción", ni con la ejemplaridad institucional ni con la reducción de sus recursos!. De hecho, ha recordado que en 2023 se han abierto 14.470 procedimientos, un 11,60% más respecto a 2022. "Un indicador para nosotros de la calidad y capacidad investigadora del Ministerio Fiscal en España", ha puesto de relieve.
El fiscal general del Estado ha explicado que durante el año pasado se incoaron 1.663.862 diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 11,1% respecto a 2022. Diligencias de las que un 31% corresponde a delitos contra la vida y contra la integridad y un 20% a delitos contra el patrimonio. Por otra parte, en lo que a diligencias de investigación se refiere, en 2023 se incoaron 14.470 procedimientos, lo que supone un incremento del 11,60% respecto al año interior. "Un indicador para nosotros de la calidad y capacidad investigadora del Ministerio Fiscal en España", ha dicho.
