El Gobierno alemán prepara ya una posible intervención para poner freno a los planes del grupo automovilístico Volkswagen para llevar a cabo una reconversión de sus plantas en el país, tras amenazar la compañía con miles de despidos obligatorios y cierres de varias fábricas como parte del plan de austeridad que pretende poner en marcha la dirección para dar un giro de 180 grados a su estructura empresarial y a sus líneas de producción. Esta plan de reconversión industrial ya ha provocado la negativa del Gobierno y el rechazo frontal de los sindicatos, que han reaccionado con indignación y rechazo a este proyecto y han anunciado movilizaciones para luchar "contra cualquier cierre de plantas y de despidos", que podrían elevarse a miles sólo en territorio germano.
El propio ministro de Economía alemán, Robert Habeck, anunció que van a tomar medidas para garantizar que Alemania siga siendo un importante productor de automóviles y un país competitivo a nivel internacional. Para ello obligarán a Volkswagen a "cumplir con su responsabilidad con los empleados de las plantas", aunque ha reconocido que los fabricantes de automóviles enfrentan "enormes desafíos en su transición a los vehículos eléctricos" y al intentar "mantener a raya" a los rivales extranjeros, en clara referencia a los vehículos importados de China, a los que la Unión Europea ha gravado con la aprobación de aranceles.
En el mismo sentido, el ministro de trabajo, Hubertus Heil, advirtió ayer su intención de mantener operativas todas las sedes de producción del grupo Volkswagen en Alemania en contra de los planes de reducción de costes. "Es necesario garantizar la operatividad de los centros de producción locales y evitar despidos forzosos. Hay que negociar ya. Es el momento de la colaboración industrial y social", manifestó antes de anunciar una reunión con la dirección de la empresa y con los sindicatos para avanzar en una solución pactada ante la decisión laboral de la compañía. Heil señaló que que hay problemas empresariales que resolver tras haberse cometido varios errores de gestión, aunque ha confirmado el apoyo político del Gobierno alemán a Volkswagen. "La pelota está ahora del lado de la empresa".
El mayor fabricante de automóviles de Europa ya había anunciado a finales del año pasado un plan para reducir sus costes hasta 2026 en 10.000 millones de euros, pero tras los primeros resultados trimestrales el ahorro realizado no habría sido resultado suficiente, lo que ha forzado a consejero delegado, Thomas Schäfer, a activar una "dura rebaja de los costes fijos" y unos nuevos "ajustes estructurales" tras haber ingresado un 14% menos.
Para lograr para poder llevar a cabo este plan de cierres y despidos para reducir sus costes, la dirección ya ha tomado las primeras medidas que afectan directamente a la plantilla, como la eliminación de la garantía que protegía a los trabajadores contra un despido por razones empresariales hasta 2029, aduciendo que la jubilación anticipada utilizada hasta ahora para reducir el peso laboral es insuficiente para los costes que pretenden reducir, lo que augura una cadena de despidos en el corto plazo.
La cúpula del fabricante de vehículos defendió ayer en una reunión con el comité de empresa y los representantes de los trabajadores sus planes. "Todavía tenemos un año, quizá dos, para enderezar la situación. Pero tenemos que aprovechar este tiempo", aseguró el director financiero de Volkswagen, Arno Antlitz, para añadir que la compañía "lleva años gastando más dinero del que se gana, una estrategia que no es sostenible en el largo plazo". La cúpula de Volkswagen defiende los recortes mientras los empleados protestan por el cierre de plantas y la dirección advierte de que "faltan" pedidos equivalentes a la producción de dos fábricas.
Volkswagen nunca ha cerrado una planta en Alemania en 87 años ni clausurado ninguna factoría en el resto del mundo desde 1988. En la actualidad, el grupo germano cuenta con 119 plantas de producción por todo el planeta, con 676.000 empleados directos e indirectos, y a tenor por las amenazas de Volkswagen cualquiera de ellas podría estar amenazada de cierre, incluidas la instaladas en Alemania. Pero, de momento, en la planta de Volkswagen en Navarra no temen ninguna repercusión, ya que en estas instalaciones "se han hecho los deberes desde hace años y estos no da estabilidad para continuar con el proceso de electrificación de la planta", explicaron fuentes sindicales.
Actualmente, la factoría navarra de Lanbaden, que ocupa el cuarto puesto del grupo en volumen de producción, con tres modelos en sus lineales: el Polo, el Taigo y el T-Cross, se encuentra en pleno proceso de electrificación de sus líneas de producción, que culminará en 2026. Según las mismas fuentes sindicales, la planta compartirá la fabricación de dos SUV eléctricos con los modelos de combustión, lo que "supone un seguro para la planta", aunque no descartan que los "convulsos tiempos" que se viven dentro del grupo "puedan romper la paz social y los pactos con los sindicatos si se generalizan los despidos".
Pero los problemas para Volkswagen no cesan. Su ex CEO, Martin Winterkorn -acusado de fraude comercial, manipulación del mercado y falsedad en sus declaraciones-, se sienta por fin en el banquillo en el inicio del juicio por el 'dieselgate', un proceso judicial que se espera que se alargue hasta septiembre de 2025. El escándalo de manipulación de emisiones en vehículos diésel a través de un software ha provocado que Volkswagen haya tenido que pagar hasta ahora más de 30.000 millones de euros en multas e indemnizaciones.
El proceso, que cuenta con un escrito de acusación de más de 600 páginas contra Winterkorn, se centra en acusarle de no haber impedido el uso del software alterado de medición de emisiones una vez que conoció su existencia, lo que permitió que se vendieran nueve millones de coches en Europa y Estados Unidos con esta trampa, causando un perjuicio total de 100 millones de euros a los clientes. Asimismo, se acusa a Winterkorn y otros dos miembros del consejo de entonces de informar demasiado tarde a los mercados sobre el amaño de las emisiones diésel y, finalmente, por mentir al testificar en una investigación parlamentaria en enero de 2017.
En 2015, los reguladores estadounidenses descubrieron que algunos motores diésel de Volkswagen habían sido programados intencionadamente para falsear los resultados de las pruebas de emisiones de manera que se vendieron a los clientes sin cumplir con los estándares medioambientales que el grupo aseguraba cumplir.
