El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha apartado a la Abogacía del Estado de la defensa del exsubsecretario de Estado del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez, investigado en el "caso Koldo" y a quien el ministro Óscar Puente cesó el pasado 23 de agosto. Así lo ha acordado el magistrado en una providencia en la que acuerda que los Servicios Jurídicos no pueden asumir la defensa del ex alto cargo por no haber aportado "la autorización de la Dirección General de lo Contencioso".
A resultas de esta decisión, que acarrea un cambio en la defensa de Gómez, "a fin de no causar indefensión", el instructor ha suspendido su declaración como imputado, prevista para el próximo lunes, que traslada al 23 de septiembre.
Una vez se hizo público el cese del subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, la asociación Liberum solicitó el pasado 23 de agosto al juez Moreno que rectificase su decisión de mantener en la causa a la Abogacía del Estado en defensa del ex alto cargo de Transportes, una petición a la que se sumaron otras acusaciones populares como Vox, Iustitia Europa y el PP.
En el escrito en el que solicitó su imputación, la Fiscalía Anticorrupción señalaba respecto a Gómez su dependencia del exministro José Luis Ábalos y "la vinculación directa" con el entonces asesor del titular de Transportes, Koldo García, con quien mantuvo "varios encuentros". Según los agentes, los correos electrónicos analizados pusieron de manifiesto que habría ejercido supuestamente "como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores" en los concursos convocados por Transportes (a través de ADIF y Puertos del Estado) para el suministro de mascarillas en pandemia, unas adjudicaciones en las que se repartieron comisiones millonarias. La Fiscalía puso de relieve que en su declaración policial como testigo, el ex "número tres" de Puente afirmó que no participó ni directa ni indirectamente en la adjudicación de los contratos investigados, una afirmación que, según Anticorrupción, se comprobó "alejada de la realidad".
La asociación Liberum argumentó en su recurso que como consecuencia del cese de Gómez no procedía la defensa por parte de la Abogacía del Estado "de quien ha cesado de su cargo de subsecretario" por una "pérdida de confianza" al estar imputado en este procedimiento. Esa destitución, advirtió, alteraba la situación procesal del investigado al haber desaparecido el vínculo que le unía al Ministerio de Transportes. De esta forma, apuntó la acusación, "se desvanece la hipotética legitimación de su defensa por parte de la Abogacía del Estado". Asimismo, alertó al juez de la Audiencia Nacional de que la autorización de la Dirección General de lo Contencioso que reclamó el instructor no había sido aportada y precisaba que en todo caso sería necesaria una nueva a la vista del cese.
Para Liberum, mantener a los Servicios Jurídicos del Estado en la defensa de Jesús Manuel Gómez podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del resto de funcionarios investigados, "quienes obviamente tendrán intereses en conflicto en esta causa, vulnerándose así su derecho a la tutela judicial efectiva en igualdad de armas". Del mismo modo, tal y como avisó Anticorrupción, mantener a la Abogacía del Estado en esa posición procesal suponía asumir el riesgo de un conflicto de intereses si se afianzan los indicios de la existencia de posibles delitos fiscales que llevaran a la misma a personarse como acusación particular en representación de la Agencia Tributaria.
De hecho, recordaba la acusación popular al respecto, el propio instructor supeditó la posición procesal de la Abogacía "al devenir de las diligencias de investigación durante la instrucción", anticipando que en el supuesto de que se investiguen delitos tributarios la personación de los Servicios Jurídicos del Estado en defensa del ex alto cargo de Transportes "pudiera ser excluida".
"En caso de producirse efectivamente indicios del delito contra la Hacienda Pública por quien está siendo defendido por la Abogacía del Estado, la destitución de esta devendría estéril, pues el daño a la Administración del Estado ya se habría consumido", advertía la acusación, que recordaba además que Gómez "también ha ostentado cargo público en el Ministerio de Hacienda", pues fue director adjunto del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. En ese supuesto, señaló, la Abogacía "debería defender los intereses de este Ministerio en el mismo procedimiento con la misma representación letrada que defendió hasta ese momento al investigado, supuestamente causante del delito".
En ese escrito, Liberum reclamaba la citación como testigo de Óscar Puente, para que declare sobre "la información y conocimiento que los investigados le hubieran compartido o que hubiera podido tener acceso" respecto a los contratos investigados, y sobre todo en relación a la vinculación de Jesús Manuel Gómez y Michaux Miranda, el exresponsable de Personal de ADIF citado a declarar como investigado la próxima semana.
Según la Unidad Central Operativa, Gómez, el también cesado Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, y Michaux Miranda "podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos".
