En medio de las críticas de las Comunidades Autónomas hacia el Ejecutivo central ante su soledad para gestionar la crisis migratoria, el Consejo de Ministros aprobó ayer una partida presupuestaria de 35 millones para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en 2024, de los que 15 millones son para Canarias, Ceuta y Melilla y otros 20 para los traslados entre comunidades autónomas. A todas luces, se trata de una cantidad irrisoria, a tenor de las cifras que los gobiernos autonómicos han anunciado que ya han invertido en la gestión de llegada de personas de manera irregular a sus territorios.
En este primer bloque de ayudas, Canarias recibirá seis millones de euros y cada ciudad autónoma 4,5 millones. Es decir, el archipiélago contará con solo un 6% de lo que ha invertido. A pesar de la aprobación de esta partida, diversos ejecutivos autonómicos consideran que la cantidad asignada resulta insuficiente ante la magnitud del desafío. Sirva como ejemplo que el gobierno autonómico de Canarias ha indicado que su comunidad autónoma ha invertido ya más de 150 millones de euros en políticas migratorias, una responsabilidad que consideran excede sus competencias. Si bien es cierto que la partida anunciada en el Consejo de Ministros solo contempla la asistencia a menores, en comparación con los datos ofrecidos por el Ejecutivo autonómico, revelan el esfuerzo económico que están realizando cada uno de los territorios en los que desembarcan las pateras.
No en vano, las cifras de llegadas continúan batiendo récords cada quincena y, según los expertos, lo peor llegará en los meses de otoño cuando la calma de las mareas propicia que más cayucos se echen al mar. Un total de 6.267 migrantes han llegado a las Islas Canarias durante los meses de julio y agosto, cifra récord para un verano desde que existen registros detallados por meses de los flujos migratorios. De hecho, en la segunda quincena de agosto las llegadas a las costas canarias se han disparado, con 3.220 nuevos casos, lo que supone casi la mitad de las entradas de migrantes de este verano.
Según el Gobierno, con estas cantidades, los respectivos ejecutivos podrán hacer frente a gastos derivados de la atención inmediata y la acogida de los menores no acompañados. Esta partida incluye la cobertura para acciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social (bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar) la representación legal y la orientación y asistencia jurídica en los procedimientos de extranjería y asilo. La segunda partida, de 20 millones, irá destinada al conjunto de comunidades autónomas de destino (excepto el País Vasco y Navarra, que asumen plazas de reparto pero que reciben la financiación a través de sus propios sistemas de concierto) y a la ciudad autónoma de Ceuta.
El objetivo es atender a 400 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (300 de Canarias y 100 de Ceuta) y, conforme a lo acordado en Comisión Sectorial, en 2024 se procederá al traslado de 347 de estas personas menores de edad migrantes no acompañadas. Las 53 restantes permanecerán en Canarias (40) y en Ceuta (13).
Este reparto también está suscitando críticas, ya que muchos presidentes autonómicos están cuestionando la improvisación y falta de información, entre ellas Galicia, que ayer volvió a reclamar «claridad» en la derivación. Reclaman que se informe de los criterios para la redistribución.
