El PP y el PSOE abrieron los canales de diálogo en medio del mes de agosto para abordar la crisis migratoria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, mantuvieron el pasado 12 de agosto una reunión para abordar una nueva propuesta de acogida de menores migrantes, tras rechazar el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería, según reveló ayer el portavoz de los populares en la Cámara Baja. El punto a discutir a tres bandas fue la acogida de los menores no acompañados que están colapsando los recursos de acogida del archipiélago.
Según Tellado, Canarias planteó que las comunidades autónomas asuman la acogida hasta que sus recursos estén al 100%, y hasta el 150 % con recursos estatales y que, sobrepasado ese límite, sea el Estado el que asuma el cuidado de los menores con recursos y centros propios. Esta propuesta, aunque con intención de ser perfilada, es vista con «buenos ojos» por parte del PP, que sin embargo señaló que el ministro de Política Territorial no ha movido «ficha» desde entonces ni les ha enviado documentación para seguir negociando esta fórmula, aunque sí han mantenido un «cruce de llamadas» con Torres. «Estamos esperando una simulación de datos por parte del ministro Ángel Víctor Torres», explicó el portavoz popular en el Congreso.
Por su parte, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se refirió a este asunto tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Negó que hubiera un principio de acuerdo y se remitió a su propuesta para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. «Ha habido más reuniones (telefónicas y presenciales) para seguir avanzando con elementos a debate, pero no ha habido un principio de acuerdo», aseguran.
El escollo más difícil de superar continúa siendo todo lo relacionado con la financiación. Algunas de las comunidades gobernadas por los populares esgrimen su incapacidad para ofrecer asilo a más menores por el colapso que también sufren sus centros, y reclaman al Estado la creación de un fondo y más detalles sobre cómo se financiará la acogida de los menores que lleguen a sus territorios.
