Edmundo González Urrutia no pedirá asilo político a ningún gobierno, ni tiene previsto salir de Venezuela. El candidato presidencial de la oposición venezolana, que habría ganado por 67% de los votos según actas electorales divulgadas por testigos opositores, permanecerá en «resguardo», en clandestinidad pues «su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponder el apoyo que le han dado», según confirmó su abogado José Vicente Haro, quien indicó que el abanderado opositor ya sabía que era un hombre buscado, por lo que no está usando una residencia fija. «Tiene que ir de casa en casa para resguarda su vida», añadió Haro.
En la casa de González Urrutia, la noche del lunes, el abogado estuvo esperando la llegada de cuerpos de seguridad para darse por notificado de la orden de captura emanada de un tribunal especial con competencia en terrorismo, que decidió en cuestión de minutos aprobar la solicitud hecha por la Fiscalía General, según divulgó esa institución en su cuenta de Instagram.
A Edmundo González las autoridades le imputan cinco delitos, incluyendo usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes y conspiración. Esos tres tienen que ver con la puesta en línea de la página web www.resultadosconvzla.com donde la oposición ha divulgado más de 25.000 actas electorales escaneadas (83% del total) obtenidas por testigos de mesa que certifican un triunfo de Edmundo González en las presidenciales del 28 de julio pasado.
El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como el ganador de esos comicios, por 52% de los votos, pero pasado un mes no ha publicado los resultados desagregados por centro y mesa electoral, y tampoco ha divulgado la Gaceta Electoral con los resultados definitivos, como debió hacer por ley antes del jueves pasado.
La orden contra González Urrutia también lo señala de dos delitos más. El primero es «sabotaje a daños del sistema» que, aunque el papel cita un artículo de una ley, no tiene soporte jurídico. La ONG Acceso a la Justicia explicó que «mal podría ser delito ‘sabotear un daño’», y agregó que la Ley de Delitos Informáticos señala como delito la «interceptación de datos informáticos», palabras que no son usadas en las órdenes contra el candidato opositor.
El otro delito imputado es el de «asociación», pues –como también explica esa ONG– el código penal exige que la persona señalada debe formar parte de un grupo de delincuencia organizada, que debe ser así declarado e identificado por un proceso policial. La orden no especifica a qué grupo delincuencial supuestamente pertenece González Urrutia.
La orden de captura contra Edmundo González se concretó luego de que el abanderado presidencial opositor no se presentó a tres citaciones que le hizo la Fiscalía General, desde el 26 hasta el 30 de agosto, para que explicara su relación con las actas «falsas y forjadas» de la oposición, como las califica el Gobierno de Maduro, su fiscalía y su Tribunal Supremo.
El exdiplomático, que se ha mantenido en resguardo y fuera de su vivienda desde el mismo 29 de julio según pudo conocer LA RAZÓN, había denunciado estar en situación de indefensión jurídica y reclamaba que, en vez de judicializar los procesos, se divulguen los detalles del resultado electoral por parte del Consejo Nacional Electoral.
Los partidos políticos agrupados en la Plataforma Unitaria, que postuló a Edmundo González como candidato presidencial, calificaron como «persecución» la orden de captura emitida contra el exdiplomático. A través de un comunicado, la Plataforma opositora denunció que, mientras no se publicó en el tiempo establecido por las leyes las actas que soporten la victoria de Maduro en las urnas, sí se hizo en tiempo récord una orden de aprehensión «en contra del ganador de la elección presidencial».
En ese sentido, destacó que la misma es «írrita» y que atenta también contra las personas que votaron a favor del político. «Toda persecución nos encontrará unidos, firmes y articulados en defensa de la mayoría contundente que se expresó el pasado 28 de julio», destacó el texto.
Distintos voceros políticos en Venezuela también condenaron la decisión de las autoridades, incluyendo al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. De igual forma, durante la mañana del martes se conocieron sendos comunicados por parte de países de la región, comenzando con un escrito conjunto de siete gobiernos latinoamericanos: Argentina, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Perú. Más tarde se divulgó la condena por parte de Chile, Ecuador y Panamá, además de Estados Unidos.
Asimismo, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, alertó que en Venezuela reina un clima de «miedo», al ser consultada sobre la orden de captura contra González Urrutia. «Es una situación muy lamentable en la que se detiene a personas por ejercer su derecho a la participación política, a la libertad de expresión o a la libertad de reunión», dijo.
Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, exhortó a las autoridades venezolanas a respetar la libertad, derechos humanos e integridad del político. También instó a dejar a un lado la «represión y acoso a la oposición y la sociedad civil». Desde el Gobierno de España, la portavoz Pilar Alegría condenó «cualquier intento de cercenar» los derechos fundamentales de todos los venezolanos, incluidos los líderes de la oposición.
