La cuestión migratoria continúa tensando la relación entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo ante la inacción del gobierno central y su nula política migratoria para reducir las llegadas de inmigrantes irregulares a España. Con una presión migratoria sin precedentes, el gobierno canario anunció ayer su intención de llevar al ejecutivo central ante los tribunales por la dejación de sus funciones. En un movimiento inédito, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, anunció ayer que su Ejecutivo abrirá un «proceso jurídico contra el Estado» por el «abandono» al que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a las islas en materia migratoria.
En una entrevista en Radio Canaria, insistió en que «tomará decisiones» y, «si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias va a ponerse en su sitio». El presidente autonómico hizo estas declaraciones antes de convocar ayer al consejo de Gobierno regional con el objetivo de poner sobre la mesa los distintos escenarios jurídicos posibles de cara la gestión del fenómeno migratorio.
El presidente autonómico puso el foco sobre la situación vivida este fin de semana en el archipiélago donde llegaron desde el viernes más de 400 personas de manera irregular. Al parecer, según denunció, este fin de semana el Gobierno central ejerció «presiones y amenazas» sobre algunas ONG que están realizando la asistencia de los menores para que sigan acogiendo menores pese a estar saturados. Si no hay acuerdo, avanzó, «habrá que tomar otras medidas».
Este anunció del presidente canario coincide con la publicación de los datos del Ministerio de Interior que revelan que un total de 6.267 migrantes han llegado a las Islas Canarias durante los meses de julio y agosto, cifra récord para un verano desde que existen registros detallados por meses de los flujos migratorios. De hecho, en la segunda quincena de agosto las llegadas a las costas canarias se han disparado, con 3.220 nuevos casos, lo que supone que casi la mitad de las entradas de migrantes de este verano.
El grito de auxilio de la comunidad canaria lleva escuchándose semanas. De poco ha servido la reunión que mantuvo Clavijo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales del mes de agosto, ya que a día de hoy sigue sin haber una plan concreto para frenar el ritmo de llegadas.
En este sentido, desde el Ejecutivo canario calculan que la comunidad lleva gastados más de 150 millones de euros en «política migratoria que no es competencia de la comunidad autónoma». «Seguimos sin ver un duro, aunque no es el dinero la solución». Exigen un plan para que los menores puedan ser ubicados en el resto del territorio nacional con el fin de que la comunidad recupere cierta normalidad en los recursos de atención a menores, que a día de hoy superan el 200% de su capacidad. Desde el gobierno autonómico insisten en que corresponde al Gobierno de España dar respuesta a esta situación, especialmente tras haber «avisado» de que el flujo aumentaría en estas fechas, como se ha demostrado históricamente.
Desde el Ejecutivo central, en boca del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, continúa descargando la responsabilidad sobre el Partido Popular, a quien echan en cara su negativa a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, obviando el veto de su socio de investidura, Junts. En este sentido, desde el PSOE acusan a Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, de proteger a su socio de gobierno, PP en las Islas Canarias. «¿Cómo que el Estado ha dejado solo? Si alguien ha dejado solo a Canarias fue el 23 de julio el Partido Popular», se preguntó el ministro. A renglón seguido, repitió que la situación en Canarias es «desesperante», y que requiere de una solución, sin ofrecer ningún detalle respecto a los siguientes pasos que tomará el Ejecutivo.
