El Gobierno de España no deja de incentivar a los futuros pensionistas que se acojan a la jubilación demorada. Tanto es así que en la última sesión de la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y pensiones, celebrada a finales del mes de junio, presentó una serie de propuestas dentro de la reforma de las pensiones con un nuevo marco legal que busca facilitar la transición hacia la jubilación activa con el objetivo de mejorar las condiciones para quienes decidan retrasar su retiro laboral.
En este sentido, cabe señalar que a día de hoy la jubilación activa permite trabajar y percibir el 50% de la pensión desde el primer día de retiro y el 100% si se acredita tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, una de las principales novedades con respecto a la anterior propuesta es la eliminación de la incompatibilidad entre la jubilación activa y el incentivo de demora, el cual se explica a continuación.
Sin embargo, retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de mortalidad en profesiones con estrés físico o mental. Así lo afirma un nuevo estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado hace solo unos días, junto a un grupo de autores de las Universidades de Valencia y Extremadura, integrados en el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de Fedea.
Según el informe de Fedea, posponer un año la jubilación incrementa en un 38% el riesgo de mortalidad entre los 60 y 69 años. El estudio destaca que las ocupaciones más afectadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico considerable o que están sujetas a un elevado nivel de estrés emocional y mental. Entre estas profesiones se encuentran la industria extractiva, el transporte, la hostelería, la sanidad y las actividades administrativas.
Los investigadores subrayan que el impacto negativo sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales que se podrían obtener al retrasar la jubilación. Además, la investigación también menciona que los trabajadores que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial, que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de cierta edad, presentan un riesgo de mortalidad significativamente menor.
Esto sugiere que las políticas de jubilación deben diseñarse con cuidado para mitigar los efectos adversos sobre la salud de los empleados. Utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, el estudio señala que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por cada individuo.
Por otro lado, Fedea sostiene en este estudio que dicha reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros. Además, debido a que tal reforma conduce a una mortalidad temprana, la Seguridad Social ahorra 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, defiende Fedea, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.
El informe de Fedea se basa en un experimento generado por la reforma española del sistema de pensiones de 1967. Entonces se modificó la edad de jubilación anticipada en función de la fecha en la que los individuos comenzaron a cotizar al sistema de Seguridad Social, endureciendo así el acceso a esta figura para un subconjunto de cohortes de trabajadores.
Para ser más exactos, dicha reforma establecía que aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, mientras que el resto, con algunas excepciones, tenían que esperar hasta los 65 años. Así, tras estudiar los efectos de la medida, los autores observan un incremento en la proporción de muertes entre los 60 y los 65 años para los que se vieron afectados por la reforma.
La sostenibilidad del sistema de pensiones está en riesgo a causa del envejecimiento de la población y la oleada de jubilaciones que llegará con la retirada de los trabajadores del "baby boom". Por ello, desde el Gobierno de España han desplegado varios mecanismos para hacer frente a esos retos como mejorar los incentivos de la jubilación demorada o proponer la jubilación activa.
En el caso de la jubilación activa, es una iniciativa que busca incentivar el envejecimiento activo y al mismo tiempo contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por tanto, aquellos que elijan esta opción compatibilizarán la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta ajena o propia, a jornada completa o parcial.
Para poder acceder a la jubilación activa el trabajador deberá cumplir ciertos requisitos, que están recogidos en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS):
El trabajador en situación de jubilación activa seguirá cotizando a la Seguridad Social, pero solo por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, no para añadir más años cotizados a su vida laboral que puedan incrementar su pensión.
