Nunca hubo tantos contratos para ejecutar procedentes de las administraciones públicas y, asimismo, menos empresas privadas compitiendo por los mismos. Según el último informe «Las cifras de la contratación pública», elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), organismo dependiente; del Ministerio de Hacienda, la media de licitadores a contratos de obra pública se hundió en 2023 hasta los 2,99 para 220.291 contratos públicos.
Se trata, según denuncia la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) del nivel más bajo registrado nunca y contrasta, por ejemplo, con la media que había en el ejercicio 2019, y que alcanzaba las 4,09 empresas.
Para el sector constructor, el origen de este notable retroceso de pretendientes para realizar los proyectos públicos obedece a dos motivos: el encarecimiento de los costes sin un mecanismo de revisión de precios y la, a su juicio, adjudicación cada vez más generalizada de contratos a los denominados medios propios de las administraciones públicas.
La CNC asegura que, en un entorno de crisis inflacionista como el que viven las empresas constructoras prácticamente desde 2020, «la inexistencia de un mecanismo estable de revisión de precios ha provocado un incremento de licitaciones desiertas debido a las tensiones en los precios de contratos sin sistema de reequilibrio económico». En ese contexto inflacionario, muchas pequeñas y medianas constructoras, que representan el 95% del sector, prefieren no optar a este tipo de proyectos ante el temor de que los costes se disparen y, posteriormente, les resulte imposible asumir esos sobrecostes.
Junto al problema del incremento de los costes, la CNC culpa del retroceso de licitadores privados al que consideran abuso de las administraciones en la adjudicación de proyectos a los denominados medios propios. Las administraciones pueden considerar como tales a compañías de las que sólo poseen un 0,01% de su capital y recurrir a ellas para contratarlas de forma directa para realizar trabajos que se consideran urgentes o para los que no se quiere recurrir a un procedimiento de contratación competitivo al uso.
La CNC ha denunciado que de 2021 a 2022, el uso de medios propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77% en lo que al número de proyectos se refiere. El importe, además, se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones de euros. Una práctica que, para la patronal, no sólo reduce la concurrencia sino que es perjudicial para las arcas públicas. Según la CNC, los medios propios ejecutan las obras «con unos presupuestos muy superiores y unas condiciones más favorables que los de la licitación original. Una práctica que, a fin de cuentas, supone un mayor coste para la Administración contratante, atenta contra la competencia empresarial y podría terminar incrementando sensiblemente el número de disoluciones y de concursos de acreedores de constructoras».
El uso cada vez mayor de medios propios por parte de las administraciones ha sido ya puesto en conocimiento de la Comisión Europea por parte de la CNC. El presidente de la organización, Pedro Fernández Alén, mantuvo a finales de junio dos encuentros en Bruselas con representantes de la Comisión Europea para denunciar la cuestión.
[[QUOTE:PULL|||Las adjudicaciones a los conocidos como medios propios se han disparado un 77%, según la CNC]]
Fernández Alén celebró sendos encuentros con representantes de los servicios jurídicos de la Comisión y de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes.
La propia patronal empresarial, CEOE, había promovido semanas antes una gestión directa ante la Comisión Europea para denunciar la, a su juicio, «mala praxis y abuso de los encargos a medios propios» por las administraciones públicas españolas.
Fruto de esas gestiones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dirigido un carta al Comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, denunciando la situación y solicitando que se analice con rigor la situación y se estudien medidas para solucionar el problema existente.
El uso de medios propios no sólo está siendo objeto de escrutinio por parte de las autoridades de Bruselas. En España, el Tribunal de Cuentas ha realizado un análisis de la actividad de una de las mayores compañías de este tipo, Tragsa, de los años 2021 y 2022, tal y como ha informado hoy LA RAZÓN. En el informe, el órgano fiscalizador detecta deficiencias e irregularidades en los expedientes analizados.
