«Hasta aquí». Y comenzó el mes de agosto. Fueron las palabras con las que Emiliano García-Page concluyó el curso político, después del acuerdo alcanzado por el PSC y Esquerra Republicana a cuenta de la financiación autonómica, que posibilitó la llegada del primer secretario catalán Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
«A estas horas de la noche, el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo. O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como el que tenemos la inmensa mayoría de los españoles», dijo García-Page horas después de conocerse los términos del concierto económico pactado entre las dos formaciones políticas.
Aunque este mismo mes de agosto la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se ha encargado personalmente de asegurar que no se trataba de un concierto ni tampoco de una modificación de la financiación autonómica.
«Sí que es un concierto» se han encargado de repetir diferentes voces del Partido Socialista de Castilla-La Mancha este mes de agosto. Aunque quizá el más claro ha sido el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que esta misma semana comparecía ante los medios de comunicación y volvía a oponerse frontalmente al acuerdo entre socialistas catalanes y Esquerra Republicana.
La cuestión no es baladí porque las palabras de Page el último día del mes de julio provocaron una rebelión interna del Psoe como hasta ahora no se había visto en época de Pedro Sánchez. «Lo raro es que el presidente de Castilla-La Mancha haga una rueda de prensa para defender al Gobierno de España», dijo ese mismo día el jefe del Ejecutivo de nuestro país, Pedro Sánchez.
Pero, en esta ocasión, Emiliano García-Page no se ha quedado solo. Le siguieron de forma casi inmediata el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el secretario general de los socialistas aragoneses y ex presidente de aquella comunidad autónoma, Javier Lambán. Después otros dirigentes del partido desde Madrid o Extremadura también levantaron la voz.
«Lo que hace falta saber es hasta dónde están dispuestos a llegar, porque hablan mucho pero luego no hacen nada», dicen voces del Partido Popular en la comunidad autónoma. Lo cierto es que el propio García-Page dijo el 31 de julio que «este acuerdo no puede salir adelante».
Y es que las posibilidades que se abren a partir de ahora son muchas. Desde que el acuerdo quedase varado sin llegar al Congreso hasta que sea la mayoría socialista y la de sus socios la que tuviera que refrendarlo. Y ahí hasta socios preferenciales de Sánchez como Compromís han alzado la voz para oponerse a un trato privilegiado y diferencial para la comunidad de Cataluña.
«Lo contrario a la solidaridad y la igualdad es el privilegio… Por eso no podemos estar a favor de esto», dijo Page el 31 de julio con una rosa roja entre las manos. Desde entonces hasta ahora, han sido varias las voces del PP y Vox las que han reclamado a Page que explique sus posiciones y se comprometa a parar el acuerdo en el Congreso. El presidente, por el momento, calla, aunque en su cabeza seguro que pergeña un plan para los próximos días.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha sido el primero en recurrir la Ley de Amnistía, tal y como anticipó el propio Emiliano García-Page el pasado 31 de mayo en el Día de la Región celebrado en Toledo.
Pero llevar el freno a una iniciativa en el Congreso de manos de sus propios diputados parece una cuestión complicada, porque supondría la ruptura del partido y el grupo parlamentario. De ahí la complejidad del curso político que ahora comienza. Porque si algo también tiene claro Page es que no puede quedarse quieto ni mudo ante la posición de privilegio de unas comunidades autónomas frente a otras.
El espacio político cada vez se estrecha más, puesto que las palabras son duras y fuertes, pero la dificultad del momento quizá requiera de otro tipo de acciones como recursos ante los tribunales. La cuestión que se suscita ahora es si el Gobierno de Sánchez cumplirá o no su palabra con Esquerra Republicana. Pero para comunidades autónomas como Castilla-La Mancha la resta de un solo céntimo en servicios sociales supondría lo que los clásicos llamarían un casus belli. Lo que determinará este curso político que comienza es hasta dónde llegará la batalla.
