Este lunes se produjo una nueva llegada masiva de inmigrantes a nado a la playa de El Tarajal, en Ceuta. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desalojaron la playa por los altercados producidos tras la entrada de numerosas personas, entre ellas menores, que arriesgando su vida trataron de burlar la frontera marítima entre España y Marruecos para alcanzar suelo europeo. A más de 2.000 kilómetros de distancia en línea recta, en la Isla de El Hierro, más de 1.200 personas fueron rescatadas en cuatro días y trasladadas a un lugar seguro gracias al esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Servicio de Salvamento Marítimo entre otros.
En Baleares, las cifras tampoco dan tregua. La llegada de personas indocumentadas suman un total de 1.035, es decir, un 128% más que el mismo periodo del año anterior con el consecuente desbordamiento para las fuerzas del orden también en esta comunidad. Y, por otro lado, la situación en el aeropuerto de Barajas. En los últimos meses está soportando un histórico volumen de peticiones de asilo que están colapsando los recursos de acogida temporales del aeródromo. Los distintos sindicatos de Policía y Guardia Civil critican los «escasos medios materiales y personales» para abordar la crisis migratoria y cargan contra los «parches» del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «no responde a las peticiones» de este colectivo.[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/sanchez-evita-comunidades-crisis-migratoria_2024082466c923771dd44000016ae47e.html||| «Nos sentimos desbordados, desamparados y desprotegidos», ]]denuncian en una conversación con LA RAZÓN.
Laura García, portavoz de Jupol, alerta de la falta de medios e inferioridad numérica respecto a las personas en custodia. «Hemos solicitado a Interior que habilite soluciones pero que sean permanentes en el tiempo». En Canarias la situación es dramática. Se ha convertido en el principal receptor de inmigrantes y allí el personal es insuficiente. Describe que en El Hierro «hay cuatro policías durante el día y la tarde en el CATE para atender a las personas y tres por la noche. Estos mismos policías son los que si llega una patera tienen que acudir». Añade, que la diferencia numérica «no solo pone en peligro a los policías, también a las personas que están allí [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/pantallas/improvisacion-reparto-migrantes_2024082266c68077797ae1000161707f.html|||porque no estamos exentos de problemas o de que se produzca un motín».]] Señala que se están desplazando medios humanos de una isla a otra. «La plantilla de Tenerife, por ejemplo, es una de las afectadas. Y estos traslados también lo sufren los ciudadanos porque cuando llaman a la Policía quiere que estemos ahí». Entre las medidas que llevan tiempo reclamando está la publicación de un protocolo de actuación ante la llegada de pateras, que ponga fin a la improvisación.
Mila Cívico, portavoz de la asociación de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), subraya la «desprotección» y el «desamparo» que padecen los agentes. «Este flujo migratorio no es nuevo. Llevamos muchísimos años exigiendo una revisión del catálogo de puestos de trabajo porque está obsoleto». Ponen el foco en Ceuta. La vigilancia de la frontera, que incluye 12 kilómetros de vallado y el control de accesos a través del paso fronterizo, recae por turno en una media de entre ocho y diez guardias civiles del Servicio de Seguridad Ciudadana, junto a una docena de miembros de la Agrupación de Reserva (ARS), de antidisturbios.
La crisis migratoria en Ceuta se agrava con cada día que pasa, con cientos de personas intentando cruzar a territorio español en condiciones extremadamente peligrosas. Los inmigrantes optan por lanzarse al mar en grupos numerosos, de hasta 200 personas, aprovechando la falta de visibilidad y la mar calmada. Esta situación no solo supone un riesgo para los inmigrantes, sino que también genera una presión añadida sobre los guardias civiles, quienes deben gestionar estas constantes avalanchas humanas con recursos limitados. Paralelamente, las fuerzas del orden también tienen que lidiar con denuncias.
Sin duda, la más mediática fue el juicio a 16 agentes de la Guardia Civil por posibles delitos de homicidio por imprudencia grave y de denegación de auxilio por su actuación en El Tarajal en 2014, cuando dispararon balas de goma a un grupo de migrantes que se encontraba en el mar, con el resultado de 15 personas muertas. Ante casos como este denuncian que «no contamos con ningún tipo de apoyo ni respaldo. Siempre lo único que buscan son cabezas», señala. Desde JUCIL llevan años exigiendo que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo. Tanto JUPOL como JUCIL coinciden en que esta avalancha de llegadas irregulares está orquestada por mafias. «Lo vemos en el aeropuerto. Todos los vuelos que llegan con inmigrantes vuela con Royal Air Maroc hacen escala en Casablanca y su destino final es Madrid. Todos rompen su pasaporte en el vuelo y lo tiran por el retrete del baño del avión. Todas las personas hacen lo mismo. Entendemos que hay algo detrás, no es algo espontáneo», denuncian desde Jupol. «Por supuesto que detrás están las mafias. Todas las personas que ahora están llegando desde Marruecos lo hace con trajes de neopreno y aletas y se organizan en grupos. Hay personas que se están lucrando», añaden desde Jucil.
Con el otoño a la vuelta de la esquina y la previsión de un aumento de llegadas, la Policía y la Guardia Civil alzan la voz para reclamar medios, protección jurídica y protección institucional para poder enfrentarse a una situación que pone en jaque la seguridad del país. «Estamos desamparados», dicen una y otra vez ante el silencio y parches continuos del Ministerio de Interior.
