El exministro socialista José Luis Ábalos denunció el pasado 16 de agosto ante la Fiscalía General del Estado que ha sido víctima de descubrimiento y revelación de secretos por la supuesta filtración
de datos profesionales y personales suyos en informaciones periodísticas publicadas sobre el "caso Koldo".
El órgano que encabeza García Ortiz dio traslado de la misma –como debe hacer– a la Fiscalía Provincial de Madrid como la competente de analizar su denuncia. Ahora, a la acción penal de Ábalos se une también la Fiscalía madrileña que ha llevado las acusaciones ante el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.
La acción penal va dirigida contra la "persona o personas" que se determine como los responsables de la filtración a los medios de comunicación de datos privados en una hipotética investigación judicial que pide abrir, ya de la mano del Ministerio Público.
Su defensa denunció que desde que se comenzó a investigar en la Audiencia Nacional la presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas por el Ministerio de Transporte del que él era ministro "son notorias las continuas filtraciones del contenido de las diligencias" de investigación practicadas por el juez a la prensa.
Ábalos aseguró también que la información procede, ademas del sumario del "caso Koldo", de Registros públicos, "correos electrónicos personales" por lo que, señaló, han tenido recabamos en instancias administrativas y policiales.
Unas filtraciones, que defendió en su denuncia, "reviste mayor gravedad" porque expone datos personales suyos que estarían protegidos por el derecho a la intimidad y al secreto en sus comunicaciones.
Apuntó que pese a el no estar imputado en el "caso Koldo", aparecen informaciones periodísticas en relación a las pesquisas en el marco de la causa que recogen aspectos de su "vida privada, como viajes y estancias, conversaciones privadas" y, sostuvo, son detalles "de absoluta privacidad como: quién me acompaña en los viajes y en qué condición, dónde me hospedo".
Se quejó, por tanto, de que esas fugas de información no han sido objeto de reproche penal ni de investigación "por parte de quién ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal", por lo que añadió el ilícito de omisión de perseguir delitos dado esta inacción que alega ante las filtraciones por parte de la Guardia Civil y la propia Audiencia Nacional.
El que fuera número dos del PSOE llevó estos hecho ante la Fiscalía por considerarlos "ajenos al fin" del procedimiento y que "únicamente incorporan posicionamientos interesados de cada publicación" y están haciendo un "daño enorme" a su reputación tanto personal como profesional.
Pese a que se desvela que ya ha iniciado acciones legales contra algunos medios, ve necesario el ahora diputado no adscrito que la Justicia actúe ante lo que considera está siendo víctima: "una investigación no controlado, absolutamente igual".
