La asociación Liberum, acusación en el "caso Koldo", ha pedido a la Audiencia Nacional investigar el paradero o posible reventa de ocho millones de mascarillas que compró el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos a la empresa de la supuesta trama de comisiones ilegales, Soluciones de Gestión.
En base a lo desvelado por la auditoría interna encargada por el actual ministro Puente, señalan al magistrado instructor, Ismael Moreno, que no hay rastro de ocho millones de estas medidas de protección de los 13 millones de unidades totales que adquirieron en dos compras a la citada mercantil.
No existe "constancia documental", exponen en el escrito de alegaciones, de que esta cantidad de mascarillas, valorado en más de 20 millones de dinero público, "hayan llegado a su destinatario final" y, en algunos casos, tampoco de que llegaran a ser siquiera "recibidas" por Transportes.
El Ministerio adjudicó en marzo de 2020, los peores momentos de la pandemia, dos contratos para el suministro de este material sanitario a Soluciones de Gestión. Por un lado, firmaron un acuerdo para que les suministrasen ocho millones. Ábalos ordenó en 38 minutos duplicar la cifra inicial de cuatro millones, que había sido estimada por técnicos como la cantidad necesaria para poder hacer frente la emergencia sanitaria en los siguientes 15 días, lo que, en principio, duraría el estado de alarma.
Fue su principal asesor, Koldo García, el que habló en nombre de la empresa y advirtió de que Soluciones "suministraba ocho millones o nada", tal y como se señala en la auditoría que confirmó el ya exsubsecretario de Estado José Manuel Gómez, imputado también en la causa.
Estos ocho millones de mascarillas de la primera compra se acordó dividirlos en dos lotes iguales, de cuatro millones de unidades cada uno, para proceder a su distribución. La mitad era para dotar de protección a las entidades públicas que dependen del Ministerio y, la otra, iría destinada al sector del transporte terrestre y a los propio trabajadores de Transportes.
Del primero grupo, se extrae de la auditoría y así lo trasladan al juez Moreno, "no se tiene constancia documental" de la entrega de 2.861.806 millones de mascarillas a los organismos adscritos al Ministerio, que están valoradas en más de siete millones de euros que se pagaron con fondos públicos.
En el caso del segundo lote de cuatro millones de estas medidas de protección que irían a parar a transportistas y funcionarios, no obra en poder del Ministerio ningún documento que demuestra qué paso con las mascarillas. No consta el "acta de entrega ni la recepción de mascarillas" por parte de la empresa –Raminatrans– a la que se le adjudicó la distribución por todo el país, pero tampoco en la Dirección General de Transporte Terrestre.
También la adjudicación a esta compañía de transportes de la distribución, por la que se pagó 300.000 euros, se hizo con supuestas irregularidades al estar "sin motivar la elección del adjudicatario" y, a pesar de "la falta de constancia documental de que las mascarillas llegaran al destinatario", Puertos del Estado abonó las facturas sin constar "acto formal de recepción ni liquidación".
Lo mismo ocurre con Correos, al que se le encargó repartir 2.800.000 de estas y "no hay acta de recepción de las mascarillas cuya distribución asume"; tampoco en las comunidades autónomas a las que iban a llegar parte de estas mascarillas y en las empresas ferroviarios que sobre el papel las iban a recibir para que las usaran sus trabajadores. Por tanto, la auditoría, como recoge Liberum en su escrito dirigido la AN, prueba que no hay información sobre el destino de estas cuatro millones de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión.
La segunda compra a la empresa presuntamente vinculada a las "mordidas" que se investigan fue de cinco millones de mascarillas que irían a parar en la teoría a Adif. Pese a que "oficialmente no se encargó" a la administradora pública ferroviaria su distribución, lo asumieron y "contrató" a Raminatrans. De las cinco millones de unidades que se le encargó distribuir, está "sin acreditar documental" por no existir actas la recepción por parte de la compañía de transportes de casi un millón y medio de mascarillas, que suponen más de dos millones de euros del erario público.
Sumando la cantidad de este material extraviado de cada uno de los tres bloques en que se organizó el total de 13 millones de mascarillas que Transportes con Ábalos compró a Soluciones, como explica Liberum al juez citando la auditoría, hay un total de ocho millones de las que no se sabe nada por no existir documentación que demuestre si fueron recibidas, distribuidas o llegaron a los destinatarios para los que fueron comprados.
Se recoge, asimismo, en el escrito que Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama, dijo tener en su carta de presentación ante el Ministerio 20 años de experiencia y había realizado "proyectos complejos por valor aproximado de 130 millones", algunos de ellos "proyectos sanitarios". Sin embargo, en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción se revela que fue constituida en 2017 y en su objeto social no figura la adquisición o venta al por mayor de productos sanitarios, además de que en los ejercicios previos a este acuerdo (2018-2019) no consta actividad.
El propio director financiero de Adif llegó a tildar a la mercantil en el estudio de su solvencia de "empresa de chicha y nabo" y afirmó la existencia en su seno de un "entramado" que le "ponía los pelos de punta" en el que figuraba un contrato con Angola, del que dijo que "no le gustó un pelo". Le intranquilizaba a este alto cargo de Transportes "trabajar con una empresa en mora".
Esta acusación, por todo lo anterior, considera que "es necesario y útil" para la investigación del "caso Koldo" "esclarecer la cadena de custodia" de estos "más de ocho millones de unidades de los que se desconoce su destino, lo que, supone un enorme importe económico".
Proponen al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la AN que interrogue sobre esta gran incógnita en calidad de testigos al propietario de la empresa de transportes Ramitrans; al entonces director financiero de Adif, así como a la que era directora de Recursos Humanos, a la directora de operaciones y al secretario general de Correos.
Liberum considera que es preciso "acreditar el destino definitivo de este material, incluida la posibilidad de pérdida, extravío (sin intención o intencionadamente)", o hasta, que no lo descartan, "la reventa en el mercado" de ocho millones de mascarillas, "lo que proporcionaría hasta 20 millones de euros o más en un mercado con gran demanda mundial en aquel momento". Ruegan así al juez instructor del "caso Koldo" que investigue la posibilidad de que esta cantidad millonaria de dinero público pudiera haber sido "desviado de su destino legítimo".
