El juez de instrucción del "caso Koldo", Ismael Moreno, ha pedido en una nueva providencia al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que le haga llegar el contenido de la auditoría que fue por el ahora ministro, Óscar Puente, a fin de tener todos los datos de los expedientes de los dos contratos de compra de mascarillas que se adjudicaron a la empresa de la supuesta trama, Sociedad de Gestión y Apoyo a Empresas.
Ordena así el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que le sea remitida una copia certificada del informe y, asimismo, pide que se identifiquen a los funcionarios del Ministerio que se encargaron de llevar a término la auditoría sobre las adjudicaciones a la mercantil vinculada a las comisiones ilegales que se investigan.
La auditoría relevó que el predecesor de Puente al frente de Transportes, José Luis Ábalos, firmó la orden de duplicar la cantidad de mascarillas en la primera compra a Soluciones de Gestión, con un margen de apenas 38 minutos.
El 20 de marzo de 2020, en los peores momentos de la Covid, el exministro Ábalos aumentó la cifra de estas medidas de protección de cuatro a ocho millones de unidades.
Contradiciendo, con ello, la estimación entregada un día antes por técnicos en la que se ponía la cifra de cuatro millones de unidades a la necesidad de mascarillas para los siguientes quince días.
Al día siguiente, el día 21, como recoge detalladamente el informe, se remitió a las 19:55 horas de la tarde la orden firmada por el entonces ministro Ábalos por la que se regulaba "la adquisición y distribución de un máximo de cuatro millones de mascarillas" por parte del departamento ministerial que dirigía.
Poco después, a las 20.33 horas, desde el mismo buzón se remite una nueva orden firmada por el exdirigente socialista que anulaba la anterior, y en la que "se regula la adquisición y distribución de un máximo de ocho millones de mascarillas" por parte de este Ministerio.
Otro de los imputados en el “Caso Koldo”, el ya exsubsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez señaló a la entonces mano derecha de Ábalos, el asesor Koldo García, como el que puso sobre la mesa que la sociedad proveedora relacionada con las presuntas “mordidas” "suministraba 8 millones o nada".
El que era entonces número tres de Transportes entendió, tal y como refleja el informe, "que esta decisión venía avalada por el ministro pues, de hecho, la nueva orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él".
La auditoría resuelve respecto a este extremo que "esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características" dado que se considera "no adecuadamente resuelta la justificación del alcance de la emergencia", en relación a la nueva cantidad, el doble, de mascarillas a adquirir.
Dado que los contratos tramitados como de emergencia "debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia".
Por lo que, ante este cambio con poca distancia temporal, en el informe se reprocha que no parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas para los siguientes 15 días naturales, que era la duración inicial del estado de alarma, en menos de 40 minutos se modificase por el doble de unidades.
En otro punto el informe aborda esta considerada falta de control inicial en la forma de proceder en el seno de Transportes en la época de Ábalos, y, particularmente, el papel que desempeñó el entonces asesor más próximo al que fuera también secretario de organización del PSOE, otro de los investigados en la causa.
