Los ministerios de Trabajo y Agenda 2030, encabezados por Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, han presentado una propuesta que permite eliminar como causa de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora. Anteriormente, la incapacidad permanente era causa automática para el despido. Sin embargo, ahora, si se está en la nómina, el trabajador estará protegido.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social han anunciado que esta nueva normativa surge del acuerdo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El objetivo es que el Estatuto de los Trabajadores esté alineado con las recomendaciones del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, garantizando así la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, quienes históricamente han enfrentado discriminación en el ámbito laboral.
El artículo 49.1.e busca ser un blindaje para los derechos laborales de las personas con discapacidad y también contempla, eventualmente, reforzar el acceso de las personas con discapacidad al empleo, siguiendo los planes estipulados en la modificación del artículo 49 de la Constitución Española.
Así se expone que es necesario que se refuerce la prioridad de adaptar los puestos de trabajo a las nuevas condiciones físicas y funcionales del trabajador. En los casos en que no sea posible la adaptación, la empresa está obligada a reubicar al empleado en otro puesto compatible dentro de la misma, garantizando así la continuidad laboral. De esta manera, se evita el despido, que hasta ahora era la opción más común.
Además, la finalización del contrato dependerá de la persona con discapacidad y de la capacidad de la empresa para implementar los ajustes solicitados. El nuevo texto legal establece criterios claros para determinar cuándo los costos de adaptación son desproporcionados para la empresa, y por tanto esta debe resolver por otra vía o beneficiarse de las correspondientes subvenciones o ayudas públicas destinadas a financiar total o parcialmente el gasto.
Aunque ha sido impulsada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJEU), la reforma aún no ha entrado en vigor, a pesar de haber sido aprobada, ya que requiere la tramitación parlamentaria correspondiente. Durante este proceso, se debatirán temas cruciales, como la posibilidad de que las ayudas o subvenciones cubran los costos elevados de adaptar puestos de trabajo para personas con discapacidad, debate necesario para garantizar la viabilidad y efectividad de la nueva normativa.
